El ciclo político del ministro Martínez ha llegado a su fin. Renegoció los términos de la deuda que tiene el Estado con acreedores internacionales y alcanzó un acuerdo con organismos multilaterales para dotar de recursos a la escuálida caja fiscal.
Aunque ahí estarían sus principales cartas de presentación para ahora postular a un alto cargo en el BID, el ex Canciller peruano, Rafael Roncagliolo, ha declarado que en realidad ese espacio sería asignado a Martínez como parte de la negociación que permitió la llegada a la presidencia de dicha institución de Mauricio Claver-Carone.
Independientemente de lo dicho, lo cierto es que el exministro se va con el reconocimiento de algunos sectores y con las álgidas críticas de otros.
De hecho, acá quedan múltiples pedidos de juicio político que reposan en la Asamblea Nacional y un amplio debate sobre una disposición constitucional, el artículo 153, que claramente le impediría ser funcionario del BID.
Aunque el ministerio dirigido por Martínez deja la economía con un flujo de ingresos que le proporciona cierto respiro a su sucesor, eso en modo alguno significa que Mauricio Pozo tendrá un escenario fácil. Ahora viene la parte más neurálgica en el plano local: cómo repartir los recursos y hacia qué actores y sectores establecer las prioridades de pago.
Esa no es una tarea cuya respuesta sea matemáticamente pura ni tampoco un ejercicio en el que primen los criterios esencialmente técnicos. Al contrario, cuando de asignar fondos se trata, la variable política es la que impera y allí radica buena parte de las dificultades y apremios a los que se enfrentará en el corto plazo el nuevo ministro.
Más aún, dirimir entre la larga lista de demandas insatisfechas se tornará más complejo para Pozo cuando el país se encuentra en medio de un proceso electoral. Para nadie es desconocido que una asignación a una provincia, cantón o grupo de presión, pueden significar votos a favor de un candidato u otro.
Por ello, para el nuevo ministro su preocupación básica no estará en la vertiente económica sino más bien en la del juego político que se viene por delante.
En esa arena, la de la política real, Pozo ha demostrado tener los vínculos necesarios para capear el temporal. Tiene experiencia previa como ministro de economía, mantiene relaciones fluidas con diferentes sectores económicos, sobre todo los empresariales y, adicionalmente, conoce de primera mano el tipo de interacción que se establece entre el político y el votante.
Sobre esto último, Pozo no solo ha sido candidato vicepresidencial del PSC sino que se mostró interesado por la Alcaldía de Quito, bajo los auspicios de la misma organización política. Tan evidente es el vínculo del nuevo ministro con el PSC que el comunicado del presidente de ese partido, Pascual del Cioppo, desligando dicha designación con su agrupación política no hace sino confirmar una cercanía difícil de eludir.
Si esto es así, y hay elementos de juicio que darían cuenta de ello, una posible lectura del cambio de conducción en el ministerio sería que ahí se refleja un acuerdo político en el que, a cambio de priorizar los pagos atrasados a gobiernos seccionales socialcristianos, el curso de los juicios políticos iniciados en contra del exministro Martínez y la ministra María Paula Romo asumirían un curso diverso, vía dilaciones, archivos o resoluciones favorables.
De esa forma todos ganan. De un lado, no se empaña el proceso de inserción laboral en el que se encuentra Martínez o al que podría aspirar María Paula Romo en los siguientes meses.
De otro lado, el PSC podría apalancar sus candidaturas a asambleístas provinciales ahora que han dimensionado que la alianza con CREO lo único que les está reportando, en perspectiva, es un decrecimiento de su bancada legislativa en 2021.
Finalmente, si las frutas se han movido de la forma que se insinúa, el Gobierno también ganaría un aliado legislativo, el PSC, para la aprobación de una ley que enfrente la corrupción, única petición del FMI que el Presidente Moreno estaría en capacidad de cumplir hasta el final de su mandato.
Habrá que ver cómo se mueven las fichas en las semanas que vienen, quiénes cobran sus acreencias antes y quienes después, y allí se sabrá si la designación de Pozo es parte de un acuerdo político de mayor alcance o responde única y exclusivamente a la decisión del Gobierno de incorporar a un profesional competente a su gabinete ministerial.
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Cuando el país atravesaba una de sus peores crisis económicas y las posibilidades tanto de alcanzar acuerdos con los acreedores como de conseguir fondos frescos eran lejanas, nadie se interesaba por conducir el ministerio de Economía y Finanzas.
Ahora que los recursos económicos han llegado y es el momento de asignarlos, los intereses por influir sobre esa Cartera de Estado han variado. Así, de Martínez en la búsqueda de recursos pasamos a Pozo, en cuyas manos está la decisión de a quiénes pagar primero.
Como dicen los políticos españoles, el que “corta el bacalao” es el que tiene poder y en nuestro caso, ese es el ministro Pozo, indudablemente. Por ello, es difícil dejar de lado la idea que detrás de su designación hay un acuerdo político de mayores implicaciones.
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