La economía ecuatoriana decreció, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) un -7,8% en 2020. Representa la mayor crisis económica de la historia republicana del país. Encima, profundizando la crisis generada desde los años 2018 y 2019 en que el PIB por habitante ya había decrecido -0,2% y -1,4%, respectivamente.
En 2020, la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) cayó -11,9%, el gasto público bajó -6,1% y el consumo de los hogares se redujo -7,0%. Lo que provocó una caída de -9,4% en la demanda interna y significó pérdida de capacidades productivas.
Desde que inició la pandemia en Ecuador, las muertes en exceso superan las 50 mil personas. El acceso a salud y educación se ha visto condicionado por la posibilidad de conectividad y movilidad, por el nivel socioeconómico de niños, niñas y adolescentes, causando riesgos para la vida y para la generación de capacidades futuras.
La pobreza en términos de ingresos alcanzó al 32% de la población, significa una década de retroceso en términos de desarrollo y bienestar. Y, de los 7,6 millones de personas con empleo, el 67,5% se encuentra en distintas formas de subempleo.
Además, se registran más de 400 mil personas en el desempleo, evidenciando pérdida de oportunidades.
Las políticas de austeridad del gobierno saliente, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevaron a extremos. Por ejemplo que, en 2020 y a pesar de la pandemia, el presupuesto del Ministerio de Salud fuera menor que en 2019, mientras se pagaba de manera anticipada la deuda externa.
En mayo de 2020, el gobierno además liberalizó los precios de los combustibles. En ese entonces, poco se sintió, debido al periodo de medidas de confinamiento y de restricciones de movilidad.
Un año después, el aumento del precio de los combustibles hizo que el país se enfrentara un nuevo paro de transportistas. Exigen acuerdos con el gobierno, al tiempo que se afecta la economía, especialmente de quienes utilizan el transporte público.
Y, por vía de un aumento del costo del pasaje, terminará afectando el ingreso disponible de los ya empobrecidos hogares.
A pesar de este contexto, el Gobierno Nacional mantiene como sus prioridades la reducción de gastos y el pago de la deuda externa, incluso por encima del bienestar de las personas. Lo que ha permitido bajar el 'riesgo país' (que mide el riesgo de un impago de la deuda externa) ayudado por el incremento del precio del petróleo en 2021.
El próximo paso es la Ley que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Le quita al Gobierno Nacional, a riesgo de generar inseguridad jurídica por vicios de inconstitucionalidad, instrumentos de política económica que hoy son indispensables para la reactivación y la protección del bienestar.
Esto con el objetivo de priorizar reservas disponibles para giros al exterior que, entre otras cosas, garantizan el pago de la deuda externa.
Si se aprueba este proyecto de Ley, el 'riesgo país' bajará más. Es como decirle al banco que usted va a dejar de comer, aún en medio de una crisis, para asegurarle que tendrá recursos para pagarle a tiempo y con prioridad. Seguramente el banco le felicitará.
Poco favor se le hace al Presidente electo en endilgarle la responsabilidad de estos efectos, salvo que el mensaje sea justamente de continuidad en términos de política económica.
Es mejor darle espacio, como en el caso de la Senescyt, para que revise la situación y tenga la oportunidad de enmendar sus propuestas electorales.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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