El Chef de la Política
De muerte cruzada y otras yerbas más
Santiago Basabe

Santiago Basabe

Politólogo, docente-investigador de FLACSO Ecuador y analista político. Sus campos de interés son las relaciones entre política y justicia, el funcionamiento de las instituciones democráticas y la representación política de las mujeres en América Latina.

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26 Abr - 19:05

Ni el Covid-19 ni la baja aceptación popular han hecho tanta mella entre los legisladores como la intentona de disolución de la Asamblea Nacional proveniente de Carondelet.

Así, el envío de dos proyectos de ley, catalogados de urgentes, fue el detonante no sólo para que el CAL y las comisiones se pongan manos a la obra sino también para que muchos asambleístas, de esos que suelen andar con perfil bajo, ahora se hayan esmerado en exponer sus propias alternativas a la múltiple crisis que vive el país.

Si bien es cierto muchas de esas propuestas no tienen pies ni cabeza, tampoco se puede dejar de mencionar que varias de las ideas contenidas en los proyectos de ley son traídas de los cabellos, por decir lo menos.

La inconstitucional pretensión de reducir permanentemente el 10% del salario de los funcionarios públicos de carrera, es solo una muestra de lo expresado. Tan notoria es la violación de derechos que envuelve esa propuesta que el propio viceministro de Trabajo así lo expresó ante la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional. A renglón seguido, renunció al cargo.

En fin, más allá de las tensiones al interior de la mesa chica, cada vez más observables  en cuestiones simples, como el hecho de que las cadenas nacionales de Otto son impecablemente estructuradas, con teleprómpter y subtítulos, mientras que las de Lenín se construyen a mano alzada y en formato de video casero, lo cierto es que la inesperada pro actividad de la Asamblea Nacional frente a los proyectos de ley enviados deja al gobierno en una disyuntiva difícil de resolver.

En efecto, cuando falten pocos días para el cumplimiento de los treinta días que la Constitución otorga a la legislatura, probablemente se aprobarán las propuestas del Ejecutivo, con cambios y modificaciones, desde luego. En ese punto, lo que parecía una estrategia de arrinconamiento del Presidente hacia la Asamblea Nacional, tomará un curso radicalmente distinto.

Por un lado, al gobierno ya no le quedará tiempo para pensar en la idea de la muerte cruzada pues el tercer año de gestión, y límite para interponer esa peregrina institución política diseñada en la Constitución de los trecientos años, estará por fenecer.

Por otro lado, la respuesta de la legislatura dará una señal clara de compromiso y responsabilidad compartida frente a la situación del país. Aunque la posibilidad de que el Presidente recurra al veto parcial estaría presente, el uso de dicha herramienta de gobierno resulta políticamente inviable por donde se la mire.

Si la Asamblea Nacional no alcanza la súper mayoría que se requiere para imponerse a la objeción presidencial, simplemente el ya debilitado apoyo legislativo al gobierno llegará a los límites más bajos.

Además, la crítica será mucho más intensa pues desde la legislatura tendrán argumentos para deslindarse de los efectos económicos de las medidas que están por venir. Peor aún si, por arte de esos acuerdos nunca bien entendidos entre unos bloques legislativos y otros, se llegare a alcanzar el voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, y con ello la ratificación de los textos enmendados, la derrota política del gobierno sería colosal.

En la práctica, dicho resultado sería asumido “como si” la legislatura hubiera propiciado la destitución del Jefe de Estado, contemplada en el artículo 130 de la Constitución.

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En definitiva, la mejor alternativa que tendrá el gobierno en las próximas semanas será aceptar los proyectos de ley con las enmiendas generadas desde la Asamblea Nacional. De esa forma no sólo compartirá costos políticos con los legisladores sino que, además, evitará un daño mayor, como es el incremento de las diferencias respecto a los distintos bloques legislativos.

Así, con los proyectos de ley aprobados bajo esas condiciones, las aguas podrán retomar medianamente a su cauce y los actores políticos tendrán que centrar su mirada nuevamente en las elecciones de 2021 y no en unos apurados comicios transitorios, como son los que se derivarían de la aplicación de la altiva y soberana muerte cruzada.

Al final, si bien en un principio el gobierno colocó contra las cuerdas a la Asamblea Nacional, ahora mismo la situación ha variado. La reacción de la legislatura, quizás poco meditada como una opción real desde Carondelet, coloca hoy al Ejecutivo ante un escenario casi inminente: el de la aprobación de los proyectos de ley con las enmiendas sugeridas por los legisladores.

Si procede en contrario, los caldeados ánimos de octubre del año pasado serán cosa de niños frente a lo que se puede venir durante el último año de gobierno.

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