El discurso político y mediático, con calificativos como narcogobiernos, narcoestados o narcoeconomías preocupa porque no existe ninguna institución u organismo que establezca criterios para definir qué es un narcoestado.
Es más, ni la Real Academia Española (RAE) contempla estas categorías, por lo que el solo utilizarlas provoca una gran controversia.
El diccionario Oxford define narcoestado como "un estado cuyo gobierno, poder judicial y militar han sido infiltrados por cárteles de la droga, o donde el tráfico ilegal de drogas está dirigido de manera encubierta por elementos del gobierno".
El uso del término comenzó en la década de 1980, con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia, como los carteles de Medellín, de Cali y del Norte del Valle.
En el mito del narcoestado de Pierre Arnaud Chouvy del Centro Nacional francés de investigación científica indica que, aunque el término narcoestado se usa repetidamente en diferentes contextos, este nunca ha sido satisfactoriamente definido o explicado.
Que es una sobre simplificación que enmascara la compleja situación sociopolítica y las realidades económicas de países productores de drogas.
En cambio, Paul Rexton Kan, profesor de Estudios Nacionales de Seguridad en el US Army War College y autor del libro Drug Trafficking y la Seguridad Internacional, dice que los narcoestados se pueden dividir en cinco categorías según su nivel de dependencia del comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico represente para la estabilidad nacional e internacional.
En 1999, David Jordan, en su libro Islam and Central-West Asian Narco-States: The Nexus Between Corruption, Governmental Systems, and Drug Trafficking by Extremist Groups, define cinco categorías de narcoestado:
- Incipiente.
- En desarrollo,
- Serio.
- Crítico.
- Avanzado.
La fase incipiente se relaciona con sobornos a funcionarios de bajo nivel, el aumento del consumo generalizado de drogas y el creciente apoyo cultural al consumo.
La segunda fase, de desarrollo, contempla el crecimiento del apoyo de miembros del gobierno al consumo de drogas, las actividades antidrogas son retiradas de las instituciones educacionales y culturales y el gobierno está infiltrado o dirigido por funcionarios a favor.
La fase seria contempla soborno masivo y corrupción de funcionarios públicos, considerables intimidaciones; incluidos el asesinato de funcionarios que se resisten, corrupción de funcionarios policiales y judiciales tanto locales como regionales.
La fase crítica contempla corrupción a altos niveles de la Policía Nacional y del sistema judicial, extorsión endémica más que soborno; policías de alto nivel que ingresan al narcotráfico, protegen la actividad y autorizan asesinatos políticos.
Incluye también el financiamiento de periodistas por capos de la droga y se conoce quienes son estos periodistas.
La fase avanzada señala que los ministerios, además el Poder Judicial, están relacionados con el crimen organizado. El presidente está rodeado de funcionarios implicados. Hay una posible complicidad de la propia Presidencia y el público no se sorprende.
BIZBROKER
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