¿Otra ley económica urgente?

Ecuador necesita establecer acuerdos para retomar un camino de desarrollo centrado en el bienestar de las personas. Es urgente reactivar el crecimiento mediante inversiones públicas y privadas priorizadas por su potencial de generación de empleo, sostener y ampliar las redes de protección social para detener el aumento de la pobreza y la desigualdad, garantizar la liquidez doméstica para sostener la dolarización, reducir la necesidad de endeudamiento mejorando la calidad del gasto público y la eficiencia en la recaudación fiscal controlando la evasión y elusión fiscal y el contrabando.

“Vamos lento, que tengo prisa”. El acuerdo necesario no se logra mediante “proyectos urgentes” que no han sido discutidos con todos los sectores de la sociedad, que no cuentan con los estudios necesarios para evaluar sus impactos, y que no se enmarcan en objetivos de desarrollo definidos democráticamente. 

El gobierno no ha podido implementar las medidas económicas que propone, está desconectado de la realidad política y social que vive el país, y no cuenta con la confianza ciudadana.

La Proforma Presupuestaria de 2019 entró en vigencia por el “ministerio de la Ley” sin que haya sido aprobada por la Asamblea Nacional, el Decreto 883 que eliminaba de golpe el subsidio a la gasolina extra y el diésel fue derogado después de varios días de manifestaciones sociales, y la Ley económica urgente enviada por el gobierno fue negada y archivada por la Asamblea Nacional.

El mensaje es claro, la sociedad demanda soluciones distintas a las que propone el gobierno, en el marco del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país enfrenta una situación económica compleja, el desempleo y subempleo alcanzaron los niveles más altos de los últimos doce años, la pobreza y la desigualdad se están incrementando, no hay inversión productiva, la deuda externa ha regresado a niveles del año 2003, y el crecimiento económico es nulo.

La economía ecuatoriana está estancada, la perdida de bienestar se ha generalizado en los últimos dos años, y la sociedad no acepta la imposición de medidas económicas, que ponen las cargas del problema en la clase media y popular.

Esperemos que el gobierno no caiga en la locura de “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Es indispensable darse el tiempo de construir alternativas, dialogando, para solucionar los grandes problemas económicos del país, que son el empleo, la igualdad de oportunidades, y la erradicación de la pobreza.