A partir del próximo 1 de enero, el salario básico unificado (SBU) en Ecuador aumentará de USD 400 a USD 425, un incremento nominal de 6,25%. En términos reales, es decir, descontando la inflación de 2021, el aumento será de 4,3%.
El presidente Lasso justificó esta decisión como parte de su promesa de campaña electoral, y como una necesidad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Casi de inmediato, surgió una dura crítica de los gremios empresariales, y la mayoría de economistas le dieron palo a la decisión de Lasso.
Los argumentos son conocidos y recurrentes cada vez que aumenta el salario mínimo: que es una decisión política, sin bases técnicas.
También se alega que reducirá el empleo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores con menos educación.
O que incentivará la informalidad; que golpeará la competitividad de las exportaciones, especialmente de banano, de flores y de textiles. Que será malo para las pymes y otros sectores intensivos en mano de obra.
En la misma semana, el gobierno de Colombia anunció un incremento del salario mínimo vital al icónico monto de un millón de pesos, un aumento nominal de 10,1%, ó de 5% en términos reales.
Aunque hubo críticas, fue muy decidor ver que el anuncio lo realizó el presidente Duque junto al presidente del mayor gremio empresarial del país (ANDI), Bruce Mac Master.
Mac Master dijo que era el momento del "esfuerzo solidario del sector privado", en una actitud muy diferente a la de sus pares ecuatorianos.
Iván Duque anunció un aumento del salario básico en Colombia y lo hizo apoyado por el presidente del mayor gremio empresarial de ese país.
La tensión en las negociaciones salariales también se vive en países desarrollados. En Estados Unidos se ha planteado más que duplicar el salario mínimo por hora de USD 7,25 a USD 15 en los próximos cuatro años.
El debate tiene un tono muy similar al que escuchamos de este lado del continente.
El 86% de los votantes demócratas, e incluso el 43% de los votantes republicanos, apoyan esta propuesta, pero no los políticos republicanos (y algunos demócratas), que han obstaculizado su aprobación para "no afectar el empleo total".
Algunos estados, como California y Nueva York, se movieron unilateralmente para subir de una vez a USD 15 por hora a partir de 2022.
Otros 19 estados también lo harán, pero de manera más gradual.
La discusión es intensa y la evidencia no es concluyente.
En los años 70, el 90%, de economistas en los Estados Unidos coincidía en que un aumento del salario mínimo conduciría a una reducción en el empleo.
Conforme se han realizado estudios empíricos rigurosos, ese consenso ha disminuido.
Probablemente, el trabajo más influyente en ese sentido lo realizaron los economistas Alan Krueger (+) y David Card (premio Nobel de Economía 2021), que no encontraron ningún impacto adverso de aumentos del salario mínimo sobre el empleo.
Si bien su estudio respondía a un contexto específico, varios autores han llegado a similares conclusiones.
El consenso entre los economistas de que un aumento del salario básico disminuye el empleo ha ido cediendo a la luz de nuevos estudios.
En Ecuador, no hay un estudio parecido y, dado que parecería que el SBU va a seguir subiendo a razón de USD 25 anuales, es fundamental que el país realice un estudio del impacto de esta subida sobre el empleo total y la pobreza.
Solo así podremos saber si el palo que Lasso ha recibido por esta medida era justificable, o si, por el contrario, podremos continuar caminando más tranquilamente hacia un salario de USD 500 mensuales.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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