La pandemia de Covid-19 no afecta a todas las personas por igual. Quienes tenemos Internet podemos adaptarnos a nuevas formas de estudiar, de trabajar, de comprar y de vender. Quienes no lo tienen quedan excluidos y empobrecidos.
De acuerdo con el último dato disponible del INEC, a diciembre de 2017 apenas el 37,2% de los hogares tenía acceso a Internet. Cifra que en el área rural cae a 16,6% frente al 46,1% en el área urbana.
Un bien público es aquel del que por sus características no rivaliza (el consumo por parte de una persona no evita el consumo de otra; por ejemplo, el conocimiento) ni es excluyente (no se pueden poner barreras de acceso; por ejemplo, el aire).
Dadas estas características no se generan los incentivos de producción privada (asumiendo que esta se da únicamente por la búsqueda de ganancia).
También existen los bienes meritorios, que son aquellos cuya producción y consumo son inferiores al óptimo social, debido a que no se consideran las externalidades positivas que estos generan.
Por ejemplo, la inversión en educación desde el punto de vista privado se restringe al análisis del beneficio que la educación le da a una persona (tanto en términos de satisfacción, como de un retorno futuro), dejando de lado el hecho de que una persona más educada produce efectos positivos en el resto de la sociedad.
Es así que el retorno social de la educación es mayor que la suma de los retornos privados y que, desde el punto de vista privado, la inversión es subóptima frente a lo socialmente deseable.
Adicionalmente, como bien meritorio se entiende a aquellos cuyo consumo se considera esencial para la vida digna o para la garantía de derechos.
Para garantizar la disponibilidad, acceso y consumo óptimo de estos bienes se requiere que exista una provisión pública, tanto para asegurar la cantidad suficiente de los mismos como para eliminar las barreras de acceso a ellos.
La educación es un derecho fundamental, ya que da libertad a las personas, pero además es la base para ampliar las capacidades económicas y sociales de desarrollo. En Ecuador es obligación del Estado su provisión universal y gratuita hasta el tercer nivel.
Durante la pandemia la educación migró al uso de herramientas virtuales y telemáticas que requieren acceso a Internet. La ministra de educación ha manifestado que el 70% de estudiantes tiene dificultades de acceso a la red y, por ende, no puede continuar normalmente con sus estudios.
Mientras que quienes tienen Internet (tanto estudiantes como docentes) deben asumir un costo adicional por el servicio.
Por las medidas de aislamiento, los procesos económicos de producción e intercambio (comercio) se desplazaron a modalidades de teletrabajo y compraventa en línea, quienes no pudieron migrar quedaron privados de la posibilidad de trabajar y de consumir.
Quienes no tenían Internet y quienes ya no pueden pagarlo son, justamente, los hogares más pobres y vulnerables y son los que ahora no pueden acceder a la educación ni al trabajo, ampliando las desigualdades y profundizando la pobreza.
Si el acceso a Internet se provee con restricciones y en cantidad insuficiente es obvio que la provisión privada es insuficiente, además de inequitativa, y si a esto le añadimos que el servicio es indispensable para el ejercicio de derechos (como la educación y el trabajo) e incluso para la posibilidad de consumir, entonces la provisión de Internet es de interés público.
Siendo así, en lugar de promover la idea de vender la empresa estatal de telecomunicaciones CNT-EP se vuelve indispensable fortalecerla desde su rol público, para asegurar que niños/as, adolescentes y jóvenes tengan acceso en todo el país para poder estudiar, y que el sector productivo, en especial de la economía popular y solidaria, así como las micro y pequeñas empresas, tengan acceso para poder transformar sus procesos y reactivar el empleo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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