Poner prioridades es el desafío del nuevo gobierno

Seguridad, empleo, salud, educación están en los principales que señalamos quienes vivimos en el Ecuador. Estos tienen un factor común, son la base del bienestar. Es lo que las personas necesitamos, es lo que el Estado debe hacer, es su responsabilidad.

Desde 2018, los gobiernos de turno han marcado dogmáticamente la reducción del Estado, limitando el presupuesto para servicios e inversiones públicas, y debilitando sus capacidades para planificar el desarrollo y regular sectores sensibles de la economía.

Los últimos gobiernos dejaron de buscar el bienestar de las personas y asumieron una agenda de desregularizar la economía, despedir funcionarios públicos, eliminar subsidios, frenar inversiones y detener servicios públicos, y de pagar cumplidamente la deuda externa.

Incluso en medio de la pandemia se hizo un pago anticipado de deuda mientras se reducía el presupuesto de salud.

Los resultados son contundentes. La pandemia tuvo desde muertos en las vías hasta vacunas VIP para familiares de las autoridades de turno, los homicidios se han disparado, el crimen organizado se toma los negocios mediante “vacunas”, el empleo se ha vuelto mayoritariamente informal, la población se ha empobrecido y la desigualdad aumentó.

Por otro lado, la banca privada alcanzo un récord de utilidades, USD 663 millones en 2022; y en el país se han 1.015 autos de lujo que cuestan hasta USD 650.000 en lo que va de 2023.

El gobierno que asuma la presidencia debe tomar decisiones: ¿La banca o el país? ¿Los tenedores de bonos de deuda o la gente? ¿La ganancia de la hacienda o el salario de la persona trabajadora?

Se ha posicionado por los sectores que han sido favorecidos que el Estado no tiene recursos. Es mentira, sí los tiene.

El Presupuesto General del Estado alcanza los USD 32.400 millones, y a la fecha se ha ejecutado el 61,4%. El Plan Anual de Inversiones alcanza los USD 6.800 millones, y apenas se ha implementado el 54% cuando ha pasado el 75% del año.

Además, existen alrededor de USD 15.000 millones mal distribuidos. Más de USD 6.000 millones en gasto tributario, de los cuales USD 2.400 millones son subsidios al impuesto a la renta de las empresas. El 83% de estos beneficios llegan al 10% más rico de la población.

Cerca de USD 2.000 millones en deudas en firme con el SRI que el Estado no ha sido capaz de cobrar. El mayor deudor es Exportadora Bananera Noboa S.A. con USD 88,4 millones.

Y, USD 7.000 millones aproximadamente en subsidios, de los cuales USD 3.000 millones se destinan a la seguridad social de quienes tienen un empleo formal, y USD 1.300 millones a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En los próximos años vendrán pagos de deuda externa muy altos, difícilmente se logre aumentar la inversión privada en un contexto de inseguridad física y de débil institucionalidad, y el endeudamiento externo estará limitado por el entorno global.

El gobierno que venga deberá poner prioridades claras. Asumir su rol e implementar mecanismos internos de inversión pública para cuidar el bienestar de las personas, o ser un observador más -como los anteriores gobiernos- de la crisis social y económica que vive el país. La visión y la capacidad de quien asuma el gobierno determinará el rumbo que tome el país.