La Proforma presentada por el gobierno nacional evidencia el escenario cuatrianual de la economía ecuatoriana. El gobierno prevé un aumento del PIB de 0,16% en 2019 y de apenas 0,57% en 2020, siendo optimistas en relación con la Cepal, cuyas proyecciones para Ecuador son de 0% y 0,4%, respectivamente; pero en cualquier caso quedando por debajo de los promedios regionales (0,1% y 1,4%, respectivamente), y lejos de una senda de crecimiento deseable.
En cuanto a deuda, el gobierno presupuesta la necesidad de USD 6.665 millones de nuevo endeudamiento para 2020, parte para pagar deuda y otra para cubrir gastos de inversión. Espera terminar 2019 con una relación deuda / PIB de 47,7% del PIB y 2020 en 49,13% del PIB, generando un aumento en el saldo de la deuda de por lo menos USD 2.354 millones adicionales; y manteniendo el déficit fiscal en USD 3.384 millones.
La irresponsabilidad histórica (no hay otra forma de expresarlo) se da porque la necesidad de financiamiento, calculada en la programación cuatrianual, para los años 2022 y 2023, es decir, para el próximo gobierno, se establece en USD 8.241y USD 8.918 millones. Es decir, si el gobierno actual recibió ‘la mesa no servida’ dejará al próximo gobierno ‘la mesa rota’.
Por su parte, la incoherencia ‘contable’, frente al objetivo posicionado de reducir el déficit (que se va a mantener) y la deuda (que va a aumentar), se da al revisar la estimación de gasto tributario que presenta el gobierno nacional y que lo ubica en 6,38% del PIB en 2019 y 6,89% del PIB en 2020.
Es decir, este año (2019) se gastaron en deducción, exenciones e incentivos tributarios USD 6.900 millones aproximadamente, y en 2020 la cifra subirá a más de USD 7.600 millones, de los cuales el 57% son deducciones, exenciones e ‘incentivos’ tributarios del impuesto a la renta.
Si de verdad se quiere reducir el gasto ineficiente, hay que dejar de subsidiar el impuesto a la renta a quienes más tienen. Para ello es urgente que se transparente la lista de personas y empresas que reciben estos beneficios tributarios, y se evalúen los impactos en términos de empleo y crecimiento, ojalá incluso en bienestar.
La Proforma no resuelve ni los problemas fiscales, ni promueve crecimiento económico. Sin embargo, el mayor problema es que no menciona objetivo alguno de desarrollo, bienestar ni calidad vida. Es mala contabilidad y nada de planificación.
La Proforma no hace mención alguna al Plan Nacional de Desarrollo contraviniendo el artículo 293 de la Constitución que establece que: “la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo”. Los y las asambleístas tienen la obligación de cuestionar y garantizar que se lo haga.
Lamentablemente, y como ya pasó con el presupuesto 2019 que no fue aprobado por la Asamblea, la Proforma 2020 posiblemente entre en vigencia por el ministerio de la ley (es decir sin que sea aprobada ni negada en el plazo de 30 días), generando mayores daños a la democracia, y por ende a la sociedad que protesta justamente porque no se encuentran espacios legítimos de representación, diálogo y participación.
Quizá en las universidades; aunque se les reduce el presupuesto…
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