Economía y Desarrollo
Progresismo: etiqueta que varios reclaman, pero a la que pocos dan contenido
Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

8 Sep 2020 - 19:00

En época que los términos izquierda (transformación) y derecha (conservación), son vetados por asesores de comunicación, la etiqueta de moda es la de “progresista”.

Siguiendo a Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, la noción de progresismo “en los tiempos en que se acentuó la preocupación social, se la vinculó con nuevas metas humanas. Progresista era quien luchaba por la justicia social”.

Las personas o ideas progresistas favorecen el cambio y buscan el avance social, eliminando los problemas de una sociedad injusta para remplazarlos por un orden económico y social más equitativo.

Las ideas progresistas, según las define Borja, son de izquierda, ya que buscan el cambio en la sociedad, aunque de forma moderada al no pretender una ruptura con el pasado.

El pensamiento progresista tiene “concepciones que, dentro de las ciencias sociales, reconocen y asumen la complejidad de la realidad social y actúan en consecuencia”, alejándose de diagnósticos monocausales y de soluciones dogmáticas, para proponer soluciones reales a los problemas de la humanidad.

¿Dónde ubicar los elementos para el progresismo? En los problemas de la humanidad y las propuestas para transformar esas realidades. Entre ellos se puede señalar:

  • La igualdad de género. El combate a la violencia contra las mujeres y las niñas, eliminando los roles asignados socialmente, y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo la no penalización del aborto. En Ecuador hay una Ley en el ámbito de la erradicación de la violencia a la que se le ha privado de presupuesto para ejecutarla, mientras que el aborto está penalizado en el Código Orgánico Integral Penal, que fue aprobado en 2014 y ahora se discute en el Código Orgánico de Salud, en espera de la sanción presidencial.
  • El cuidado del medio ambiente, reduciendo la extracción de recursos no renovables y el uso de energías contaminantes. Después de proponer y luego abandonar la iniciativa Yasuní para no extraer petróleo, y de suspender programas de cambio de cocinas a gas por las de inducción, el país se encuentra en camino hacia un “boom minero” que marcará el modelo de desarrollo para las próximas décadas.
  • La libre movilidad humana, que afecta a ecuatoriano/as tanto por emigrar como por recibir inmigrantes. La Constitución establece a las personas en situación de movilidad humana como grupo de atención prioritaria, además que propugna el principio de ciudadanía universal, pero no se ha generado el marco institucional normativo ni de política pública y de relaciones internacionales que de cauce a estos mandatos.
  • La garantía de derechos, que redefine y amplía el rol del Estado para ir más allá del cuidado de la propiedad privada, la seguridad nacional y la búsqueda de igualdad ante la Ley, para exigir su acción directa en el aseguramiento del bienestar y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Su implementación requiere la consolidación de un Estado de bienestar, debidamente financiado a través de impuestos progresivos, sobre la base de la solidaridad, para que lejos de ser sujetos de políticas de austeridad en tiempo de crisis, sirvan como medidas de protección para la erradicación sostenida de todos los tipos de pobreza.
  • La reducción de las desigualdades, para buscar la libertad real de que cualquier persona con el mismo esfuerzo pueda alcanzar los mismos resultados. La igualdad de oportunidades como principio de la justicia social, lo que implica cerrar brechas de desigualdad territoriales tanto en términos de capacidades humanas como productivas, pero también erradicar las violencias que se expresan en el racismo, el machismo, y la xenofobia. Estas transformaciones demandan la priorización y el fomento de inversiones públicas y privadas, así como un proceso de profundización de la descentralización en la entrega de competencias (autoridad y recursos) a los GAD, y cambios institucionales que reflejen las desigualdades existentes y generen acciones afirmativas de participación en la toma de decisiones.
  • La endogeneidad del desarrollo económico, que pasa por fortalecer capacidades para establecer un entorno adecuado para la asimilación y generación de ciencia y tecnología aplicada a procesos productivos, que permitan el emprendimiento y la generación de mayor valor agregado, en lugar de conformarse con mantener una economía dependiente de la exportación de alimentos y minerales, y de las importaciones de bienes de consumo suntuario y de capital. Además, se necesitan transformaciones institucionales que anulen la influencia de los poderes económicos en las decisiones públicas y garanticen la más amplia democracia para lograr lo que Acemoglu y Robinson denominan círculos virtuosos de desarrollo.

Mientras avanzan las inscripciones para las elecciones nacionales, y una vez que por alianza concreta se ubica con claridad a CREO-PSC en la derecha (conservadurismo social y económico), hacia la izquierda queda ubicar, más allá de discursos, dónde converge al progresismo como alternativa de justicia económica y social.

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