Inocencio Tucumbi, Marco Oto, Abelardo Vega y José Chaluisa son algunos de los nombres de las personas que perdieron la vida, hace un año, en medio de la represión ejercida por la fuerza pública sobre los manifestantes. A eso se suma, decenas de personas heridas.
Hasta el momento no se han asumido responsabilidades por parte del Estado, incluso se dice que hay nombres inventados por la Defensoría del Pueblo.
Hace un año, 17 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Quito, supuestamente por tener información sobre los desplazamientos del Presidente de la República. Resultaron inocentes, nunca se probó nada. No se han dado explicaciones, ni se han pedido disculpas.
El edificio de la Contraloría General del Estado, así como las instalaciones de un canal de televisión, sufrieron ataques vandálicos hace un año. Hasta el momento no se ha probado responsabilidad, únicamente especulaciones utilizadas por unos actores políticos para perseguir a otros.
En el mismo mes de octubre de 2019, cientos de estudiantes convirtieron a universidades en centros de paz y de acogida, demostrando que la solidaridad y el humanismo movilizan más que los discursos de odio y polarización. Sin duda lo más destacable y esperanzador de aquellas jornadas.
Aún hay insinuaciones que subestiman a quienes protestaban y a quienes brindaban asistencia humanitaria señalando que eran personas manipuladas, cerrando así la opción a que existan personas que piensen diferente. No hay esa opción, quien piensa distinto es vándalo o ignorante-manipulado.
Detrás de las jornadas de octubre se encontraba una realidad que se evidencia en datos económicos y sociales de la fecha.
El desempleo y subempleo estaban en los niveles más altos de los últimos 12 años, la pobreza había subido al 25% (retrocediendo a niveles de 2013), la pobreza multidimensional rural alcanzaba al 71% de las personas.
El Gobierno despedía a decenas de miles de funcionarios públicos, y mientras por un lado generaba nuevos subsidios (llamados incentivos tributarios y remisiones) en favor de los sectores corporativos, planteaba la eliminación del subsidio a los combustibles.
El cierre de las jornadas fue un acuerdo, transmitido en cadena nacional, en el que el Presidente acordaba no eliminar el subsidio a la gasolina, ante el notorio malestar de sus ministros.
Llegó el Covid-19, y en medio de la pandemia se insiste en políticas de austeridad, se priorizó el pago de la deuda externa, se liberalizaron los precios de los combustibles y también las tasas de interés.
Además, se ha generado sin discusión alguna una nueva fórmula para fijar el salario básico, y en la Asamblea Nacional se aprobó la propuesta del Presidente que faculta la suspensión y reducción de jornada laboral.
Mientras desde el Gobierno se señala que estamos bien, porque el riesgo país ha bajado, el desempleo subió al 13% y el empleo no adecuado (distintos tipos de subempleo) aumentó hasta el 67%. El 23% de los empleados están es ausencia temporal, y las horas trabajadas se ha reducido en un 25% en promedio.
El 57% de los ecuatorianos señalan que alguien de su familia ha sido despedido, el 91% que sus ingresos se han reducido, y apenas el 12% aprueba la gestión de Gobierno. Se insiste en profundizar el programa económico de gobierno.
A un año de las manifestaciones de octubre, el Gobierno Nacional establece nuevos acuerdos con la banca internacional, comprometiendo la política económica a futuro, rompiendo la Constitución, contradiciendo en Plan Nacional de Desarrollo, y generando una crisis de legitimidad democrática.
El cambio de ministro, que responde a un pedido del Fondo Monetario Internacional para fortalecer el acuerdo establecido, desconoce las protestas de hace un año e impone una hoja de ruta de política económica, sin considerar que en siete meses habrá nuevo gobierno.
Sobre qué vamos a decidir con el voto si la política económica se define en Washington y la acepta un gobierno que no cuenta con legitimidad para hacerlo.
El exministro viajará a Washington, a otro banco, a trabajar con el nuevo Presidente del organismo, quien fue nombrado con el voto de quién ahora será su funcionario.
El exministro, con beneplácito del Gobierno, violenta la Constitución, que lo prohíbe expresamente, y el banco rompe su propio código de ética y pone en riesgo su reputación.
A un año de las manifestaciones de octubre, y mientras se busca la mejor manera de superar la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia del Covid-19, el irrespeto a la Constitución y la aceptación de condicionalidades inconsultas y de largo plazo recuerdan lo que señala Rodrigo Borja en su enciclopedia: “El dictador es el gobernante que, usurpándolos, reúne en sus manos todos los poderes del Gobierno y los ejerce autoritariamente, sin limitaciones jurídicas ni temporales”.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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