Es cierto que la Asamblea Nacional ha afrontado escándalos de diversa magnitud y que, a consecuencia de ello, tanto su labor legislativa como su naturaleza fiscalizadora se han visto empañadas.

Desconocerlo sería abstraerse a la realidad. Sin embargo, en ocasiones estos hechos nos llevan a hacer una injusta valoración de todos los legisladores en función del comportamiento de unos pocos.

Desde luego, cuando esos pocos pasan a ser muchos la cuestión cambia, pues la deslegitimación social de las instituciones llega a niveles críticos.

En todo caso, lo que comúnmente ocurre es que a raíz de que el asambleísta A o B han sido protagonistas de una denuncia de corrupción, por ejemplo, la salida más fácil es catalogar a todos los miembros de la Asamblea Nacional como corruptos.

Esta errónea interpretación de la realidad que en el plano metodológico se conoce como falacia ecológica, pero que resulta comprensible de mejor forma cuando echamos mano de la sabiduría popular vía el refrán “justos pagan por pecadores”, es nociva por varias razones.

En primer lugar, porque desincentiva la participación en la vida pública del país de muchos ciudadanos con valores éticos y cultura cívica.

En segundo lugar, porque debilita la convicción ciudadana respecto a los beneficios de la convivencia social dentro del régimen democrático, a partir del posicionamiento de la falaz idea de que sin legislatura las cosas podrían funcionar mejor.

En tercer lugar, porque lleva a la despolitización de la población, sobre todo de los más jóvenes, con lo que se abre espacio para que los truhanes y los depredadores se apropien de forma más fácil de la toma de decisiones políticas fundamentales.

Como respuesta a lo dicho, dentro de un proyecto de investigación científica que desarrollo con mi colega Daniela Paz, de la Universidad de Los Andes (Chile), preguntamos a asesores legislativos de todas las bancadas, personal administrativo de la Asamblea Nacional y periodistas especializados, respecto a quienes son los asambleístas más honestos del período que está por fenecer en mayo de 2021.

Cada encuestado tuvo la posibilidad de votar por el número de asambleístas que creyere necesario y su identidad se mantuvo en absoluta reserva.

A través del teléfono celular enviamos la encuesta a 320 personas y recibimos 129 respuestas (40% aproximadamente). La siguiente gráfica refleja los resultados de los asambleístas que fueron valorados como honestos por al menos el 25% de los encuestados.

De la evidencia reportada, junto a la investigación cualitativa posterior, se desprende que la agrupación política del asambleísta, la edad, el lugar de nacimiento o el sexo, no marcan patrones de comportamiento que permitan identificar un perfil de los más honestos.

Tampoco hay una relación específica entre honestidad y la profesión u ocupación del asambleísta y menos aún con el hecho de tener o no una vida política previa.

En términos simples, ser honesto es una cuestión de valores cívicos y no se asocia con ninguna de las variables anotadas.

De los 24 asambleístas mencionados, algunos van por la reelección, otros no lo hacen debido a la absurda disposición constitucional que impide permanecer en la legislatura por más de un periodo y un tercer grupo prefiere retirarse de la Asamblea Nacional a pesar de que podría presentar nuevamente su candidatura.

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Evidenciar a quienes hacen su trabajo de forma transparente en la Asamblea Nacional no sólo ayuda a reivindicar a los ciudadanos que brindan su aporte al país, sino que sirve también para informar al votante sobre las diferentes opciones que tiene de cara a la elección de este fin de semana.

Aunque los datos presentados no se refieren a la calidad de la participación de los asambleístas en sus actividades de legislación y fiscalización, son útiles para evitar caer en la tentación de encasillar a todos como corruptos y a la Asamblea Nacional como una institución inservible.

Si su candidato ataca sin diferenciación alguna a la política y a los políticos, dude de él. Seguramente allí hay un germen de autoritarismo y fastidio tanto hacia las instituciones de la democracia como hacia la necesidad de tolerar las diferencias políticas.

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