¿Quieren invertir en Ecuador? Inviertan en guerrillas

No es broma. En Ecuador es más rentable que la inversión internacional se centre en invertir en las guerrillas que ya existen. Así que pueden irse olvidando de negocios lícitos. Esos aquí nadie los respeta. ¿Y lo ilegal y violento? Eso es una fiesta.

No es chiste. Ya va siendo hora de que alguien le grite al Gobierno (a este gobierno porque resulta ser que es el que está en el poder) que deberíamos dejar a un lado la luz eléctrica, la exploración de metales valorados en el mercado internacional, los métodos de extracción responsables, regulados y normados, y centrarnos en ser un Estado criminal, que aquí sale gratis.

Hablo en serio, en esta tierra tropical es mejor negocio invertir en la minería ilegal, esa que destruye el medio ambiente y explota a sus obreros. Para darles protección, solo se debe pactar con el narco, comprar armas artesanales o robadas y disponer que las flamantes guerrillas masacren y destruyan cualquier inversión nacional o extranjera.

¿Pero de qué habla este tipo? Se estarán preguntando muchos. Pues les voy a explicar lo que sucede en el noveno mundo tricolor.

Cuando Guillermo Lasso ganó la Presidencia los ojos del mundo nos regresaron a ver. Un presidente de derecha asumía el mando y, de ese mando, vendría la seguridad jurídica, los incentivos a las inversiones, una patria libre de sabandijas que quisieran “compartirlo todo”, incluso lo no merecido.

Idealmente hablando, cuando llega la inversión, esta se riega: se generan plazas de empleo, la gente con más liquidez puede gastar más, y cuando se gasta más el dinero se distribuye entre más hogares y todos crecemos.

Pero existen campos de esa inversión que pueden mover los cimientos de los chicos malos. Por ejemplo, la minería legal, responsable y controlada. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto minero llega a un poblado abandonado, obligatoriamente, aunque sea sin querer queriendo, lo hace crecer. 

Primero, se deben mejorar las vías, caso contrario, no llegan. Segundo, se debe mejorar la infraestructura (se construyen viviendas, escuelitas y centros de salud); tercero, por estrategia social, se contrata a los desempleados de esas poblaciones.

Ello hace que esas poblaciones crezcan y con ese crecimiento crecen las ciudades y con ciudades más grandes el Estado debe regresar a verlas porque donde hay más gente hay más problemas.

Así, el Estado no tiene más alternativa que armar un UPC y destinar a unos policías a patrullar la zona.

¿Algo más? Claro, el crecimiento obliga a formalizar las relaciones comerciales. Lo que antes se hacía casi al trueque, ahora se factura, porque las grandes empresas que operan en la zona llevan contabilidad y cuando gastan, sea mucho o poco, necesitan que les emitan facturas. Eso hace que el SRI también se haga presente. ¿Alguien más? Idealmente el ARCSA. Empieza a haber más comercio, ergo, habrá más control sanitario. 

¿Saben a quién no le gusta esto? A quienes necesitan esos poblados sumidos en la pobreza absoluta para asegurarse ser invisibles a los ojos del Estado.

Sí, ahí operan los chulqueros, los contrabandistas, los sembradores de sustancias que te hacen volar, los traficantes de armas, el crimen organizado, pero principalmente, los capos de la delincuencia que regentan la destructiva y brutal minería ilegal. 

Entonces, cuando llegan empresas con certificaciones internacionales en manejo de desechos, en exploración responsable, que afilian a sus trabajadores al IESS, que hacen que la aldea se convierta poco a poco en ciudad, ¡boom! Empieza la guerra.

El crimen organizado asalaria a un grupillo de delincuentes, les entrega armas y explosivos y les hace llamarse “grupos ecologistas” (que tanto desprestigian a los verdaderos ecologistas a los que siempre apoyaré). Los entrenan en guerra de guerrillas y empieza la masacre.

Lo primero que hacen es amenazar, golpear y hasta asesinar a algún familiar de un trabajador de la empresa minera. ¿Por qué? Para dejarles claro que quien trabaje ahí será sacrificado. No importa si ahí tienen un trabajo con seguridad industrial, seguridad social, etc. O renuncian a la estabilidad o mueren.

Estas empresas traen dinero de afuera para invertir aquí. Compran camionetas, camiones, materiales, tierras, etc. Pero duran poco, porque los guerrilleros bajan de las montañas e incendian todo, con o sin humanos adentro. Son ecologistas que lanzan gasolina y explosivos en media selva.

Y claro, las lesiones, la destrucción a la propiedad privada, los asesinatos, las amenazas, etc. llegan a Fiscalía. ¿Pero a cuál Fiscalía? A la más cercana de los hechos. ¿Y saben quiénes son los fiscales, secretarios y ayudantes de esas fiscalías? Los vecinos de los guerrilleros. Por eso, nadie se atreve, ni desde la justicia, a mover un dedo.

Pero si los delitos son flagrantes, ¿por qué la Policía no acude en su ayuda? Porque en estos pueblitos hay normalmente dos cabos y un sargento. ¿Pueden enfrentar a grupos guerrilleros de hasta 40 hombres? No. 

¿Dónde sucede esta historia aterradora? En toda concesión minera del país. Por eso me resulta cómico que el Gobierno quiera incentivar a la inversión extranjera. Ni que fueran tan idiotas para venir a morir.

¿Sabrá de esto el Ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer? Si lo sabe, entonces, ¿qué espera para coordinar con Fiscalía y Policía para aniquilar a la barbarie que se apoderó de lo que intentó ser una civilización?

Y si no lo sabe, ¿en qué mundo vive? Si no va a reaccionar, renuncie, que necesitamos un ministro práctico y no teórico artesanal.

Esta columna no es un ataque ni a Vera ni al Gobierno. Es una bofetada para que abran los ojos. Son cientos, no decenas, cientos los casos de grupos armados combatiendo a la industria regularizada y el Estado no mueve un dedo para garantizarles seguridad.

Yo le pregunto al Gobierno: ¿para qué carajos otorgan concesiones mineras si son incapaces de garantizar seguridad y justicia?

Y ahora les pregunto a ustedes ¿tienen planes de inversión? Entonces busquen un país donde invertir no sea su sentencia de muerte.