La mayoría de quienes con su voto han aprobado la llamada Ley de Violencia Digital proviene de las entrañas políticas de aquellos que llevaron a periodistas y medios de comunicación a tribunales, obligándoles a pagar multas y hasta sacarlos de circulación, por el delito de mostrar a la sociedad las trapacerías y la corrupción del poder.

Nunca perdonaron que sus miserias fueran puestas al descubierto, y que la inmundicia echara por los suelos el cuento de las supuestas ‘manos limpias’.

En una suerte de vendetta, la Asamblea Nacional, que tiene 4% de respaldo, según Click Report, y está de salida, ha encajado una feroz puñalada a la libertad de expresión de Ecuador.

Los efectos mortales los padecerá, sobre todo, el pueblo, al que se le birlará información pública valiosa, que no podrá ser difundida, porque hacerlo implicaría penas de prisión, de uno a tres años para los periodistas y los comunicadores.

La Reforma al Código Integral Penal (COIP) para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, fue usada como pretexto y desfigurada.

Buscaba proteger de la violencia sexual digital a mujeres, niños, adolescentes y personas con discapacidad, pero fue modificada de tal manera, hasta convertirle en siniestra arma contra el periodismo de investigación y la transparencia.

Con 107 votos, se modificó el artículo 178 del COIP, imponiendo cárcel a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros.

La ley no es para proteger a las mujeres, sino a los políticos autoritarios y corruptos, ha dicho, con desazón, la asambleísta Mae Montaño, proponente original de la reforma.

El rechazo al mamotreto jurídico llegó, de inmediato, desde diversos sectores del país y del exterior, impactados por la audacia de los asambleístas que, prevalidos de su poder legislativo, pretenden dejar una pistola con una bala en la recámara, para herir o aniquilar a quienes osen denunciar usando las nuevas herramientas de comunicación.

Fundamedios, que dice haber detectado una docena de artículos con una redacción ambigua que, mal usados, restringen el trabajo periodístico y la libertad de expresión, la rechazó sin atenuantes, ya que implica graves vulneraciones a libertades y derechos, en Internet.

Al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, le “preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información”.

Desde siempre, el poder ha usado el temor como arma de control ciudadano. Pero si el poder, a más de causar temor, modifica leyes acopiadas en un Código Penal, el miedo, que paraliza y neutraliza, se impone en la sociedad.

Desde siempre, el poder ha usado el temor como arma de control ciudadano.

Cómo no va a crear miedo que una norma criminalice en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que ya están contempladas en los Códigos Civil y Penal.

Por si fuera poco, la preocupación de la Fiscalía General del Estado es una voz de alarma.

Dice la Fiscalía que las disposiciones reformatorias al COIP mermarán las acciones penales que impulsa esa institución, lo cual “afectará, de forma directa, la lucha contra el crimen organizado”.

La pregunta surge espontánea: ¿qué siniestros poderes están detrás de esta Ley, que permite que los periodistas puedan ser demandados “por incurrir en el delito de violación a la intimidad, sin establecer diferencias respecto de asuntos de interés público”; y que la Fiscalía, que dirige Diana Salazar, considere puede incidir en su lucha contras las organizaciones delictivas?

Con lustre político desvanecido, esta Asamblea ha sido el epicentro del cinismo descarado. No hay que descartar las sospechas de probables acuerdos de impunidad.

Ecuador vivió y sufrió la vigencia de la Ley Mordaza, que implicó persecución, dolorosos exilios y procesos legales largos y costosos.

No hay que descartar las sospechas de probables acuerdos de impunidad.

Tal como ahora, fue ideada por los mismos que buscaban que el Ministerio de la Verdad orwelliano rija, en pleno Siglo XXI.

La bendita Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el laboratorio de este engendro, ha rebasado los límites. No se puede permitir se salga con la suya.

“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”, dijo Marco Tulio Cicerón.

Para ser consecuente con su posición ante la libertad de expresión, el presidente Moreno debe vetar el artículo 178, cuando no toda la ley.

O dejar que Guillermo Lasso, quien asumirá el poder, el 24 de mayo, debute vetando esta Ley que es una artera puñalada de una Asamblea deslegitimada, que pasará la historia por tener el 96% de rechazo del país.

Haciendo uso de las facultades que la Constitución otorga al primer mandatario, desde Carondelet, tienen que dar una lección a los desvergonzandos, vetar la Ley, y hacerles probar el poder de la democracia.

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