Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo advierte con mucha claridad "se necesitan medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación".
A nivel global la recuperación está condicionada a las tasas de infección, la velocidad de vacunación y la implementación de políticas económicas.
Los países de menores ingresos se están quedando rezagados, mientras aquellos de altos ingresos aceleran la recuperación económica. Si se sigue esta tendencia, la nueva normalidad, de la que tanto se ha hablado, será aún más desigual que la que teníamos antes de la pandemia.
Lo mismo pasa, dentro de cada país. Hay sectores económicos y grupos sociales que ya se encuentran en fase de reactivación, y otros que siguen empobreciéndose.
Con la pérdida de bienestar, que se agrava por la desigual distribución de los impactos de la pandemia y de las medidas de mitigación, se proyecta, como lo dice también el FMI, una nueva ola de protestas sociales que podría obstaculizar la recuperación.
La recomendación es evidente, se debe asegurar el rol del Estado para garantizar el bienestar de todas las personas y redistribuir en favor de quienes han sido más afectados y que están siendo dejados atrás.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), al 13 de julio, 1,7 millones de personas han recibido la segunda dosis de vacunación para Covid-19 en Ecuador. Esto representa el 9,6% de la población total y el 13,7% de la población objetivo (mayores de 16 años).
La meta del Gobierno es que el 72,5% de la población objetivo (equivalente a 9 millones de personas) esté inoculada hasta finales agosto.
De las personas vacunadas con segunda dosis, el 77% corresponde a adultos mayores, grupos de riesgo, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas; el 10% a personal de salud; el 7% a personal de educación; y el 4,3% a Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Bomberos.
Según las cifras oficiales, el grueso del aparato productivo aún no está inmunizado. Aquellos que se han podido vacunar y reactivar sus actividades productivas, ha sido por determinados privilegios (de acceso en el país o posibilidad de viajar al exterior), marcando la reproducción de desigualdades.
Y, si bien se ha iniciado un valioso proceso de vacunación en cooperación con empresas privadas, se debe tener presente que más de la mitad del empleo se encuentra en los sectores primario y comercial, y en condiciones de informalidad.
Justamente, es la población que trabaja de forma autónoma y aquella que se emplea en la informalidad, la que mayor dificultad tiene acceder a la vacunación, y este es otro de los canales que marcan la tónica de una reactivación desigual.
Por otro lado, la desigualdad se observa, en la medida en que, a pesar de la caída de la economía de -7,8% en 2020, la Superintendencia de Compañías reporta que las empresas en los sectores de salud, electricidad y actividades financieras crecieron en ingresos, frente a 2019, en 16%, 4% y 2%, respectivamente.
La desigualdad se reproduce en la medida en que no existe un mecanismo institucional para que estos sectores que, por las características de la crisis, mantuvieron e incluso ampliaron sus actividades, contribuyan a la recuperación del resto de la economía.
Ecuador es uno de los pocos países, que, a pesar de tener restricciones fiscales, no ha establecido instrumentos de contribución de los sectores aventajados durante la pandemia.
La reactivación requiere ampliar la vacunación, y en el contexto ecuatoriano dar prioridad a los sectores de mayor absorción de empleo: el agro, el comercio y los servicios y, dentro de estos, establecer estrategias para inmunizar con prioridad a trabajadores y trabajadoras autónomas e informales, que corren el riesgo de quedar excluidos.
En segundo lugar, es indispensable la movilización de recursos, para compensar a los sectores que fueron más afectados, y cuya reactivación será más lenta, para incentivar la inversión en todos los niveles, y además para reactivar el consumo de los hogares empobrecidos.
Entre las medidas que se vuelven urgentes están: derogar las normas que permiten la reducción de jornada y el salario, reducir las tasas de interés del crédito productivo, subsidiar a sectores económicos que requieren adaptarse a nuevas condiciones.
Ampliar de forma sostenida las transferencias monetarias a hogares empobrecidos y vulnerables, priorizar compras públicas hacia los sectores más afectados por la crisis, y vincular la inversión pública y cualquier incentivo tributario a inversión privada a la generación de empleo.
Para financiarlo se requiere una contribución especial de los sectores que ganaron por las condiciones de la crisis, negociar en favor del Estado cualquier tipo de contrato de inversión en especial en lo referente al sector petrolero y minero, reformar el gasto tributario para lograr mayor progresividad y ampliar el espacio fiscal necesario, pero además una política internacional que desde la integración regional incida en los organismos internacionales de financiamiento.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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