La primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece que hasta 2030 se deberá erradicar la pobreza extrema medida por ingresos.
En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021 establece como meta reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos a 3,5% a 2021, siendo consistente con el mandato establecido en el artículo 3.5 de la Constitución, que señala como deber primordial del Estado ecuatoriano la erradicación de la pobreza.
Pobreza extrema por ingresos significa no tener recursos para adquirir una canasta alimenticia de dos mil kilocalorías al día, es decir, tener un ingreso inferior a USD 1,60 diarios (a junio de 2019).
En el caso del consumo la pobreza extrema implica consumir menos de la canasta alimenticia, aún después de incluir alimentos producidos para autoconsumo y aquellos obtenidos por una vía distinta al ingreso monetario.
La pobreza extrema también se identifica a través de privaciones estructurales (multidimensionales) que limitan el ejercicio pleno de derechos (salud, educación, trabajo, hábitat y vivienda) de las personas.
El gráfico 1 recoge las mediciones oficiales de la pobreza extrema en el Ecuador. A inicios de siglo, como resultados de la crisis financiera y el salvataje bancario, se alcanzó un pico de pobreza extrema (al año 2000, cuatro de cada 10 ecuatorianos estaban en situación de pobreza extrema por ingreso), y no fue sino hasta 2006 en que se regresó a los niveles de pobreza extrema que se observaban en 1995, gracias en parte a la estabilidad que alcanzó la economía frente al periodo anterior.
Es entre 2007 y 2014 que se logra una reducción significativa de la pobreza extrema, relacionada tanto con crecimiento del ingreso de los segmentos más pobres de la población, como por medidas de redistribución que incluyen transferencias monetarias como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), inclusión en la la seguridad social, compras públicas enfocadas hacia asociaciones y microempresas, e inversión pública desconcentrada.
A partir de 2015 con la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar (que restó competitividad a los productos ecuatorianos) se recortó la inversión pública y la economía se desaceleró generando un freno a la reducción de la pobreza (que aumentó en junio de 2016).
A pesar de cierta estabilidad lograda en 2017, a partir de 2018 se observa una marcada tendencia de aumento de la pobreza extrema, generada por la política de austeridad del gobierno nacional, establecida en la Carta de Intención acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno nacional no se ha pronunciado sobre las cifras de pobreza extrema publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Sin embargo, el Presidente de la República se presentó en rueda de prensa con el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norte América, y el Ministro de Economía y Finanzas se felicitó por haber recibido a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y por haber pasado la revisión de los compromisos que adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿De qué sirven estos encuentros y compromisos cuándo la mayor parte de la población pierde bienestar y cae en situación de pobreza extrema? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la tendencia al alza de la pobreza extrema?, ¿Qué propone hacer para alcanzar el primero de los objetivos de desarrollo del país?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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