El Ministerio de Trabajo ha aprobado una nueva norma para “calcular” el salario básico en Ecuador, en caso de que no haya acuerdo entre patronal y sindicatos se usará el largo guarismo para hallar el incremento anual.

La fórmula de cálculo tiene elementos positivos, como reconocer que el salario básico no solo ha de estar ligado el Índice de Precios al Consumidor, sino también a la productividad, al empleo y a la informalidad. 

Sin embargo, creo que puede trasladarse una idea falsa a la población, y es la de que es posible calcular un salario básico óptimo, cuando la realidad es que la fórmula elegida está sometida a una gran arbitrariedad (hay dos factores de ponderación que quedan a la mera voluntad del Ministerio), y no hay tal cosa como una manera científica o técnica para calcular el salario básico, solo hay decisiones políticas más o menos acertadas, que favorecen o perjudican a unos u otros.

Y en Ecuador la ley laboral y el salario básico son nefastos para los trabajadores y para la creación de empleo.

Esta misma semana hemos conocido que, en la nueva encuesta de empleo, a septiembre de 2020 solo un 32% de los ecuatorianos de la población activa tiene empleo adecuado, y que durante este 2020 se ha perdido un 6% de empleos adecuados. 

Se trata del auténtico drama de Ecuador, y hay que señalar que mensajes populistas como «subir el salario básico en el 2021» contribuyen a este drama.

Muchas empresas de Ecuador, especialmente las que contratan empleados formales con salario básico como pueden ser restaurantes, están teniendo graves dificultades en 2020 y difícilmente podrán aumentar el pago en salarios.

Lo razonable sería poder ajustar el salario a las nuevas condiciones, que son muy distintas y muy duras. Muy duras para todos, para los trabajadores, para las empresas y, sobre todo, para esa mayoría de ecuatorianos sin empleo formal.

No es el salario básico la única causa de la falta de empleo adecuado en Ecuador, la normativa laboral (la falta de contratos por horas o servicios), la hostilidad hacia la empresa privada, la falta de seguridad jurídica o la apertura comercial y la incertidumbre jurídica coadyuvan. 

Pero persiste el pernicioso mensaje de que “ayudar a los desfavorecidos” es subir el salario básico, cuando en realidad es un acuerdo que solo ayuda a los políticos irresponsables a ocultar la incapacidad del sistema jurídico, económico y político ecuatoriano de crear oportunidades de empleo, mientras la mayor parte de los ecuatorianos ni siquiera tiene acceso a un empleo formal, pues la norma laboral les excluye.