Economía y Desarrollo
¿De qué sirven las leyes económicas aprobadas?
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

19 May 2020 - 19:00

Ecuador venía en una mala situación económica desde 2015: con un mínimo crecimiento, con problemas de déficit fiscal, de déficit en el sector externo y aumento de la pobreza, del desempleo y del subempleo.

Desde mayo de 2018, y con más intensidad después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019, el Gobierno implementó una serie de medidas de austeridad sumadas a subsidios (‘incentivos tributarios’) y remisiones tributarias para el sector corporativo.

Es así como, en el último trimestre de 2019, se intentó eliminar el subsidio a los combustibles y generar una serie de reformas legales de austeridad, además de una agenda de flexibilización laboral. Todo en el marco del acuerdo con el FMI. Sin embargo, en ese momento, la movilización social logró detener las propuestas de Gobierno.

El impacto de la pandemia del Covid-19, en 2020, produjo mayor necesidad de recursos tanto para atender la emergencia sanitaria, además de la necesidad de generar mecanismos que protejan al consumo de los hogares durante los periodos de aislamiento, y otros de apoyo al aparato productivo para sostener el empleo y la capacidad productiva del país para una pronta recuperación.

En ese marco se deben analizar las leyes propuestas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea, así como las nuevas medidas anunciadas por el Presidente de la República.

Sobre la Ley de Asistencia Humanitaria, esta no genera ningún tipo de recaudación de recursos que puedan ser utilizados para cubrir las necesidades antes señaladas, se enmarca en facultar ‘acuerdos’ tanto en las relaciones laborales, como de arriendos y deudas. Algo que, entre privados, ya se podía hacer de buena voluntad y mutuo acuerdo.

El mayor impacto se da en las relaciones laborales, donde se establece la posibilidad de reducción de la jornada laboral por hasta el 55% del tiempo, y el 45% del ingreso, y por un tiempo de hasta cuatro años (dos iniciales, y una extensión de dos más).

Este factor es un claro perjuicio a los trabajadores, quienes por necesidad (no por voluntad) pueden terminar acogiéndose a la reducción de su salario.

La medida parte de una idea de que la mejor forma de sostener el empleo es la ‘flexibilización’. Sin embargo, al desproteger a la parte más débil en las relaciones laborales lo que ocurre es una ‘precarización’ laboral, y en términos de bienestar un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y de sus hogares.

Esta reducción de ingresos, y por ende de consumo, de los hogares a la larga profundiza la contracción económica, ya que la demanda de bienes y servicios caerá (demanda agregada).

En el caso de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que no aporta para solucionar la actual emergencia, se plantean una serie de medidas de austeridad y de controles sobre el presupuesto del sector público, fortaleciendo el ‘hiperpresidencialismo’ (concentrar poder a través del Ministerio de Economía y Finanzas) por sobre la autonomía de entidades como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la seguridad social.

Asume que los GAD y el seguro social ‘despilfarran’, mientras que ¿el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo son eficientes?

Finalmente, y en la misma línea, las medidas anunciadas por el Presidente de la República plantean mayor austeridad. Parte de la reducción de la jornada y del salario de funcionarios públicos (reduciendo el bienestar de los hogares, y contrayendo la demanda agregada).

Destacable, aunque poco clara, la iniciativa de crédito ‘Reactívate Ecuador’, que plantea crédito para empresas que necesiten cubrir salarios y gastos operativos, con seis meses de gracia y 36 meses plazo.

Hay que señalar, sin embargo, que el plazo sea menor al de la reducción de salarios para los trabajadores (la empresa sigue asumiendo menos que el trabajador), y que se defina una tasa de interés de hasta el 5% (el banco, sea público o privado, sigue ganando a costo de la empresa).

¿De qué sirven estas leyes? Ubican los costos de la crisis. Lo lamentable es que lo hacen en los trabajadores, aumentan el déficit de los hogares, priorizando la reducción del déficit del Gobierno y mantienen el déficit externo.

Atención a esto último, porque frente a la salida de divisas se sigue sin plantear medidas. Al parecer, se quiere financiar el déficit externo con deuda social.

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