En medio del aislamiento y la paralización prácticamente total del sistema productivo nacional, el Gobierno demanda de ciudadanos y empresas una nueva contribución económica.
“Si eres rico, rico te quedas; si eres pobre, de igual manera”. Ese parece ser el mensaje, tomado de las ventas informales en los buses de cualquier ciudad del país, que el Gobierno pretende plasmar en el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional.
Para edulcorar el hecho de que la peluda, obesa y, generalmente, ineficiente mano del Estado va a ingresar rampante al bolsillo de los ecuatorianos, se dice también que es una contribución voluntaria y solidaria.
Ni lo uno ni lo otro. En realidad, lo que se plantea es una nueva imposición tributaria y cualquier evento que nace de la coacción pública no puede ser asumido como un genuino ejercicio de voluntad de los ciudadanos.
Tampoco es solidario el paquete de medidas económicas propuesto pues, para que la población lo asuma como tal, requiere que desde el Gobierno exista también un ejercicio similar de contracción en cuanto a los egresos fiscales.
No basta con que los ministros reduzcan a la mitad sus sueldos ni era necesario que esa disposición conste en el proyecto de ley para que entre en vigencia.
En realidad, lo que los ecuatorianos le demandan al Gobierno, si es que efectivamente quiere hablar de solidaridad, es que tome decisiones que dejen entrever su efectivo deseo de ahorrar recursos al Estado.
Desafortunadamente, cuando la discusión se coloca en ese terreno, desde Carondelet no atinan respuestas, las interrogantes cunden y el malestar popular por una nueva imposición económica gana espacio.
Por ejemplo, si hablamos de contribuciones solidarias, una con la que podría aportar el Gobierno es con la eliminación de la 'cuota política' que ahora mismo tiene a más de setenta personas distribuidas en las distintas representaciones diplomáticas del país y que generan un gasto de más de USD 250.000 mensuales.
No se trata de que exista disposición jurídica que posibilita aquello ni tampoco de que el número de beneficiados esté por debajo del límite. No es un tema legal, es un tema ético. Que la hija del Presidente tenga un cargo diplomático en la delegación ante la ONU o que el padre del Secretario General de la Presidencia ocupe una embajada, simplemente no se ve bien (por decir lo menos).
Tampoco se ve bien que los agnados y cognados de los legisladores ejerzan funciones propias de diplomáticos de carrera.
En épocas de austeridad económica y de solidaridad, como se pretende justificar la reducción de salarios de empleados públicos, privados y la merma en los activos de las empresas, quizás un primer y necesario paso es que las muestras de desapego nazcan del Gobierno.
Ahí en la Cancillería, esa institución tan maltratada por una década de mentes lúcidas y corazones ardientes, hay el suficiente número de servidores públicos, ahora reducidos a cargos menores, que perfectamente pueden desempeñar las funciones entregadas como favores políticos… y por el mismo sueldo.
Lo que falta, en definitiva, son decisiones, nada más que ello. Algo similar puede decirse de la eliminación de los subsidios a la gasolina. Han pasado seis meses y lo único que existe son opiniones favorables de algunos ministros.
La reducción del Estado, ni se diga. Nada. Al respecto, ¿por qué no emprender, por ejemplo, en una política de reducción y eventual eliminación de las gobernaciones provinciales? En un país pequeño como este la función de esas dependencias no va más allá del intercambio de burocracia por apoyos políticos.
En fin, la lista es larga y no se trata solamente del ahorro público en recursos económicos. Se trata esencialmente de la legitimidad de la que debe proveerse primeramente el Gobierno para luego acudir al mal estructurado discurso de la solidaridad de los ecuatorianos para invadirles en sus ya escuálidas finanzas.
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A partir de mayo, probablemente, la ciudadanía volverá a ser atacada en sus ingresos por un Estado depredador e incapaz de proveer servicios básicos.
Si la contribución de nueve meses efectivamente ayuda a salir de la crisis, lo que ha sido puesto en duda por diversos sectores, lo que el país demanda del Gobierno es que al menos el discurso de la solidaridad tenga algo de sustento.
Lo que sucede en el cuerpo diplomático o lo que no sucede con el subsidio a la gasolina o la reducción del tamaño del Estado, partiendo por ese agujero negro que son las gobernaciones, son sólo algunas muestras de la inacción del Gobierno y su falta de solidaridad efectiva, observable, tangible.
Resulta paradójico y agrede al sentido común del país que se pida solidaridad y austeridad en el bolsillo del ciudadano cuando a la par se mantiene el gasto dispendioso en el aparato estatal. Yo soy solidario, tú eres solidario… ¿y el gobierno, en qué es solidario?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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