Dato y Relato

Vacunados, pero sin cédula

Fidel Jaramillo

Fidel Jaramillo

Ph.D. en Economía Universidad de Boston, secretario general del FLAR y docente de la UDLA. Ex gerente general del Banco Central y exministro de finanzas de Ecuador, y alto funcionario de CAF y BID.

Actualizada:

30 Abr 2022 - 19:05

La mayoría de países de América Latina ha conseguido altas tasas de vacunación contra el Covid-19, muy similares a las alcanzadas por los países europeos.

Este último año destacó el caso de Ecuador, que pasó de mostrar una población casi sin acceso a vacunas, con impactantes imágenes de fallecidos en las calles en Guayaquil, a cubrir el 80% de la población con el esquema completo de vacunación en un tiempo récord.

El nuevo gobierno demostró alta capacidad de gestión y efectiva articulación con el sector privado, las municipalidades, instituciones públicas y universidades. Cuando se ofrece eficiencia en la entrega de servicios públicos, como las vacunas, entonces se generan consensos que trascienden partidos políticos e ideologías.

Ciertamente, la pandemia dificultó el trabajo de los gobiernos en la región. Además de tener a los servidores públicos confinados, enfrentaron una reducción de recursos y multiplicación de prioridades por la crisis social y de salud pública.

Así mismo, la disrupción en la cadena de suministros afectó la provisión de insumos para los bienes y servicios públicos.

Sin embargo, una vez superado lo peor de la crisis, algunos países reaccionaron rápidamente para ofrecer sus servicios a través de medios digitales. Los ejemplos más reconocidos fueron los de Chile y Uruguay. Otros, como Colombia, nunca paralizaron sectores clave como la construcción, y más bien aprovecharon el confinamiento para avanzar en obras emblemáticas.

Por desgracia, algunos países se han rezagado y no han podido recuperar o mejorar sus niveles de atención a los ciudadanos. Uno de los casos más notorios es Ecuador.

Un tema llamativo ha sido la imposibilidad en la entrega de pasaportes y cédulas de identidad. La semana pasada, el Registro Civil ecuatoriano se declaró en emergencia por la imposibilidad en atender este derecho básico a la identidad de sus ciudadanos.

Pero no es el único servicio ha colapsado. Y no son solamente instituciones del gobierno central, sino también algunos gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades públicas.

Se ha complicado enormemente hacer todo tipo de trámites: realizar una revisión vehicular, obtener una matrícula, pagar impuestos municipales, sin mencionar los baches en las carreteras, los problemas de inseguridad y la misma salud pública, con carencia de medicamentos y oportuna atención a los pacientes.

De acuerdo con el informe del BID El Fin del Trámite Eterno, el ‘trámite’ es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con sus gobiernos nacionales y locales. La provisión ágil de servicios públicos impacta positivamente en el clima de negocios, en la percepción ciudadana del gobierno y en la calidad de vida de la población.

No obstante, en América Latina, hablar de trámites es sinónimo de dolor de cabeza, y la pandemia ha empeorado aún más esta dolencia, en especial en el país.

Ecuador había avanzado en este frente. En 2017, estaba entre los seis primeros países en eficiencia en la provisión de servicios públicos. El promedio de duración de un trámite genérico era de 4,2 horas, inferior al de países como Perú (8,6 horas), Colombia (7,4 horas) o México (6,9 horas), aunque todavía duplicaba el de otros países, como Chile (2,2 horas).

Si bien no existen datos actualizados, la percepción general es que estos indicadores han empeorado significativamente en Ecuador.

El deterioro en la tramitología tiene un impacto adverso en productividad empresarial, en la economía de las familias de ingresos bajos que no pueden darse el lujo de pagar un tramitador, y da lugar a prácticas deshonestas.

Más allá de los afectos políticos, recuperar el terreno perdido en estos últimos años por la debilidad de las finanzas y gestión públicas y los efectos de la pandemia, es una responsabilidad primordial de todas las instituciones públicas.

La transformación digital en curso puede ser un aliado fundamental para conseguirlo. El estudio del BID mostraba que los trámites digitales eran 75% más rápidos, representaban solo entre el 1,5% y 5% del costo de un trámite presencial, y eran menos susceptibles a la corrupción.

Aun así, en Ecuador prepandemia apenas el 6% de los trámites podían hacerse en línea, por lo que existe un enorme espacio para mejorar.

El confinamiento por el Covid-19 incrementó la utilización de canales digitales en la vida diaria de la población. Se puede aprovechar esta tendencia estructural para mejorar la experiencia de los ciudadanos en la provisión de servicios públicos.

Con la misma agilidad y eficiencia que ya se demostró en la vacunación, los gobiernos podrían apalancarse en la revolución digital, para focalizar su esfuerzo en optimizar la atención al ciudadano, eliminar los trámites inútiles y digitalizar los útiles.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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