El alcalde de Quito está con un pie afuera del cargo. Para que el otro le acompañe se debe esperar aún a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral.

En efecto, dicho órgano de justicia es el que deberá resolver, en definitiva, si en el proceso de remoción se han cumplido o no con las formalidades y el procedimiento establecidos en la ley.

Aunque esta instancia de consulta podría ser observada como un mero trámite, en realidad no lo es. La gran mayoría de casos de este tipo que han llegado hasta ese tribunal se resolvieron con la declaración de nulidad de lo actuado; y, con ello, las autoridades seccionales, alcaldes fundamentalmente, han retornado a sus despachos.

En lo que a Quito concierne, la ausencia de secretario titular del Concejo Metropolitano desde hace más de un año y la ausencia también de un formal encargo a quien actualmente cumple dichas funciones podrían ser un tema de fondo.

Ahí el artículo 336 reformado del Cootad va a causar más de una discusión jurídico-política y muchas posibles lecturas de la norma indicada. Por tanto, en aplicación llana y lisa de la ley, el alcalde de Quito bien podría ser ratificado en su cargo.

Tan patética es la situación que, ante la ausencia de secretario/a titular del Concejo Metropolitano, no existe persona alguna que pueda remitir el proceso de remoción hasta el Tribunal Contencioso Electoral. La ley hace abstracción de las personas y se debe aplicar sin distinciones de ningún orden, dicen los demócratas.

Pero más allá de lo que pueda resolver el Tribunal Contencioso Electoral, el hecho de que Quito carezca de un funcionario tan importante como es el titular de la secretaría, el único cuya designación recae sobre el Concejo Municipal y no sobre el alcalde (literal p. del art. 57 del Cootad), refleja que el problema es mucho más grave de lo que se puede discutir alrededor del proceso de remoción de Jorge Yunda.

En realidad, lo que se observa en la simbólica capital del país, pues en realidad en Guayaquil es donde se toman las grandes decisiones políticas y económicas, es que existe un deterioro estructural del aparato de gobierno de la ciudad.

Urge, por tanto, no solo una reingeniería de procesos y de normativas sino esencialmente una discusión profunda sobre el rol que juega esta municipalidad en el quehacer diario del país. De ahí que los problemas de Quito no arrancan con el actual alcalde y en modo alguno serán resueltos con su salida, si esta llega a darse.

Para muestra basta un botón. Una ciudad en la que más del 75% (111 de 145) de las ordenanzas municipales dictadas durante los últimos dos años corresponden a regularizaciones de asentamientos urbanos no solo da cuenta del desorden en el que vivimos sino además de un Concejo Municipal cuya principal tarea no es el desarrollo integral de Quito sino cuestiones que, si bien marcan la vida de muchas personas, dejan de lado la posibilidad de pensar políticamente a la urbe más poblada del Ecuador.

Así, si bien los escándalos de corrupción que rodean al alcalde de Quito deben y tienen que ser esclarecidos por la justicia ordinaria, lo cierto es que ahí está solamente una parte de los problemas que aquejan a una ciudad que de metropolitana, en el sentido amplio del término, solamente tiene el membrete.

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Del proceso de remoción al alcalde Yunda hay muchas cosas que aprender. De un lado, se ha puesto en evidencia la informalidad en la administración de la ciudad no solo de parte del propio burgomaestre sino también del cuerpo de ediles.

Que la capital del país carezca de secretario titular por más de un año es una omisión injustificable, por donde se lo vea.

Las consecuencias de ello podrían verse pronto en la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y en ese caso, las críticas no deberían dirigirse hacia los magistrados sino hacia el Concejo Municipal en pleno.

De otro lado, y quizás lo más importante en este largo ir y venir de disputas respecto a la gestión municipal, ha sido el papel clave de la asociación ciudadana en la vida pública.

De no mediar por la acción cívica del frente de profesionales por la dignidad de Quito, quizás muchos de los debates sobre el rumbo de la ciudad no habrían tomado la fuerza necesaria.

En realidad, el triunfo de ese grupo ciudadano no está en la posible remoción del alcalde de Quito sino en el hecho de evidenciar que una población empoderada es el motor de cualquier sociedad que se precie de tener valores democráticos.

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