La fiscalía de Colombia anunció que llevará a juicio al expresidente Álvaro Uribe, como parte de un caso que involucra a grupos paramilitares.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, deberá responder ante la justicia de su país por una presunta manipulación de testigos, en una investigación sobre su supuesta participación en grupos paramilitares, informó la Fiscalía del país vecino, este 9 de abril.
Según la información de la Fiscalía colombiano, Uribe, presidente entre 2002 y 2010, será llamado a juicio como parte del proceso.
"A partir de la evidencia (…) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal", indicó el ente acusador en un comunicado.
Por ahora, no se ha precisado cuándo iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un expresidente en la era del actual mandatario Gustavo Petro.
Un antiguo caso
El caso de Uribe se remonta a 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
En esa época, Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Pero, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Según fuentes de la Fiscalía, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios se llegó a la conclusión de que había motivos para acusar a Uribe.
La Fiscalía añadió que una vez se cumpla el proceso de reparto judicial, "se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura".
Al asumir el caso, el fiscal Villarreal tenía 90 días para radicar la acusación contra Uribe, plazo que se cumplirá el próximo 15 de abril.
A pesar de la acusación, Uribe podrá responder al proceso en libertad ya que eso es lo habitual en todos los casos y la privación de la libertad constituye una medida excepcional, según la Fiscalía.
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