El expresidente colombiano informó el martes 4 de agosto de 2020 que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención, en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Es la primera vez en la historia reciente de Colombia que el tribunal ordena privar de la libertad a un expresidente. Uribe es el exmandatario más popular y polémico del país.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria“, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
La Corte Suprema de Justicia, que tiene prevista una declaración, no se pronunció de inmediato sobre el caso.
Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor de Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano.
La orden de captura podría ahondar la tormenta judicial y política en el país, similar a la que desató el llamado a indagatoria del exmandatario. También amenaza con incrementar la polarización en un país políticamente dividido.
Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece prisión de hasta 12 años.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.
Antecedentes en América Latina
El exmandatario colombiano se une a otros expresidentes de América Latina que terminaron implicados en procesos judiciales y en la cárcel después de gobernar sus países como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el peruano Alberto Fujimori.
Antes de que Uribe divulgara la decisión del tribunal, el presidente Duque dijo que el exmandatario debía poder defenderse en libertad con todas las garantías.
Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia.
“En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Que se sepa toda la verdad sobre estos hechos”, dijo recientemente Uribe, de 68 años. “Yo soy un hombre de honor y por eso quiero que se conozca toda la verdad”.
Con la detención de Uribe, el partido Centro Democrático pierde a su principal líder en el Congreso, donde Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para aliviar los estragos de la pandemia del coronavirus.
La ausencia del Congreso y de la actividad política del expresidente podría debilitar la cohesión de su partido Centro Democrático.
Uribe y algunos de sus familiares han sido señalados por sus opositores de supuestos lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la actual investigación de la Corte es la única que ha avanzado en el tema.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.
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