El aluvión de extranjeros que llega desde Ecuador, Venezuela y otros países causa estragos en las finanzas de Nueva York.
El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, anunció este 9 de septiembre recortes de presupuesto del 5 % en todas las agencias de la Administración local. Esto lo decidió debido al gasto proyectado en la crisis de inmigración, de unos USD 12.000 millones en los próximos tres años.
Desde abril de 2022 han llegado a la ciudad unos 110.000 inmigrantes y los últimos datos indican que la Administración tiene a su cargo a 60.000, incluidos más de 20.000 niños. A ellos se les provee de albergue, comida, asistencia sanitaria, ayuda legal y educación para los menores.
Adams anunció los recortes vía comunicado y vídeo pregrabado, tras causar polémica esta semana declarando que el flujo de migrantes destruirá la ciudad. Ante eso, los políticos republicanos locales le dieron la razón mientras que demócratas y grupos activistas le acusaron de fomentar el odio.
El alcalde reiteró este sábado sus llamadas a los Gobiernos estatal y federal para que "paguen su parte" en el costo de esta crisis que considera humanitaria y nacional, incluyendo acelerar la entrega de autorizaciones de trabajo para los migrantes y acometer una "reforma migratoria amplia".
Al anunciar los recortes del 5 %, Adams sostuvo que no supondrán despidos pero sí afectarán a los recursos disponibles y los puestos vacantes, y avisó de que "tomará acciones adicionales para controlar el gasto y promocionará ahorros en presupuesto que serán anunciados en un futuro próximo".
El año pasado, el dirigente ya anunció un recorte de presupuesto del 3 % en las agencias locales y otro del 4,75 % para el año fiscal actual, indica el diario New York Post. El recorte del 5 % va dirigido a los próximos años, especifica la nota.
La ciudad ha tenido que hacer malabarismos para albergar a los recién llegados, a los que ha ubicado en hoteles, carpas, campos de fútbol, antiguas escuelas o gimnasios. Se evalúa otras alternativas ante el continuo flujo que en las últimas tres semanas ha rondado las 3.000 personas cada semana.
La ciudad tiene la obligación, por una orden de un tribunal de hace cuatro décadas, de proveerles albergue, comida y otra asistencia, así como educación para los niños.
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