La propuesta para tipificar como delito la compra de sexo generó una votación dividida en la Eurocámara.
El Parlamento Europeo (PE) reclamó el 14 de septiembre de 2023 a los Estados miembros que castiguen penalmente a quien "solicite, acepte u obtenga" un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio en especie.
Lo hizo con un texto no vinculante que pone el acento en "la realidad de coacción, manipulación, violencia y explotación en la prostitución".
Por 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones, la Eurocámara acordó pedir a los gobiernos de la UE "medidas efectivas para reducir la demanda de prostitución y, por tanto, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual y las operaciones de grupos criminales organizados", advirtiendo de que hasta el 70 % de las personas prostituidas en la Unión Europea son mujeres migrantes.
Criterios divididos
La mayoría lograda, mucho más escasa que las que habitualmente se alcanzan en el Parlamento Europeo, dibuja un hemiciclo en la que sólo populares y socialdemócratas han votado prácticamente en bloque a favor del texto, mientras que liberales, verdes y buena parte de los conservadores y la extrema derecha se han posicionado en contra, al tiempo que un puñado de miembros de todos los grupos han optado por abstenerse.
"Nadie deja a un hombre ponerle precio a su cuerpo porque le guste", dijo en rueda de prensa la sueca Saga Brodersen, superviviente de la prostitución y directiva en la organización "Not your whore" (No soy tu prostituta), que asegura de que ninguna de las 150 mujeres en su organización que están prostituidas lo hacen de forma voluntaria.
"Si empiezas a desenterrar lo que hay debajo, no hay que buscar mucho para encontrar el por qué: a la mayoría de nosotros nos han asaltado sexualmente desde jóvenes, nos hemos criado en hogares abusivos, no hemos tenido una infancia segura, hemos sufrido económicamente incluso para poner un plato en la mesa. La sociedad nos ha abandonado", alertó Brodersen.
"No es un empleo"
A Estrasburgo acudió también la escritora y activista abolicionista rumana y residente en España Amelia Tiganus, superviviente de la trata de mujeres, que pidió que quede claro "que la prostitución no puede ser considerada un empleo" y advirtió contra el peligro de las redes sociales que pueden hacer creer a niñas y jóvenes que les ayudará a "empoderarse".
"A mí misma me hicieron una puta, manufacturada para la violencia sexual y el abandono. Me hicieron creer que la prostitución era empoderadora y que era la manera de escapar de la misma violencia", recalcó.
La impulsora socialdemócrata del texto, la alemana Maria Noichl, defiende que su trabajo no es legislar para el escaso porcentaje de mujeres en la prostitución que pueden realmente elegirla, sino para las que no pueden escapar de ello por sus circunstancias sociales y económicas.
El texto pone el foco en el cliente de la prostitución y pide trabajar en la reducción de la demanda de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual "de manera que no perjudique a las personas en la prostitución", por ejemplo limitando la publicidad de estos servicios.
"La prostitución no es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero, sino un sistema organizado con fines lucrativos, un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano que funciona como un negocio y crea un mercado, en el que los proxenetas planifican y actúan para asegurar y aumentar sus mercados y en el que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental para incentivarlos", recalcan los diputados.
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