Para Amnistía Internacional, Ebrahim Raisi integró un "comité de la muerte" que aprobó la ejecución de miles de presos políticos en Irán.
Oenegés y opositores iraníes lamentaron que la muerte accidental del presidente Ebrahim Raisi le haya evitado rendir cuentas por los crímenes que, según afirman, cometió a lo largo de más de tres décadas.
Raisi, nacido en 1960, escaló rápidamente en el organigrama del nuevo poder iraní tras la revolución islámica de 1979, y fue nombrado fiscal general de Teherán en 1989.
En 2004 fue ascendido a jefe adjunto del poder judicial, cargo que ocupó durante un período de diez años que engloba las grandes manifestaciones de 2009 contra la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad, fraudulenta según la oposición.
Los defensores de los derechos humanos acusan a Raisi de haber supervisado ejecuciones masivas de prisioneros ya en el año 1988.
"Ebrahim Raisi era un símbolo de la impunidad judicial para los criminales, y de la ausencia de responsabilidad en la República islámica", declaró a AFP Mahmood-Amiry Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
"Debería haber sido procesado por crímenes contra la humanidad y responder, en el marco de un proceso justo, de las innumerables atrocidades que cometió en estas cuatro décadas", añadió Moghaddam.
Crímenes contra la humanidad
Otras oenegés, como Amnistía Internacional, acusan desde hace tiempo a Raisi de haber integrado un "comité de la muerte" compuesto de cuatro personas, que aprobó la ejecución de miles de presos políticos en 1988, en su mayoría presuntos miembros del movimiento opositor Muyahidines del Pueblo Iraní (MEK), prohibido en Irán.
Raisi, considerado antes de su muerte como un posible sucesor del guía supremo, el ayatola Alí Jamenei, negó categóricamente cualquier implicación personal, pero se felicitó por la decisión de proceder con esas ejecuciones.
En septiembre de 2020, un grupo de siete relatores especiales de la ONU escribió al gobierno iraní para pedirle que rindiera cuentas sobre esas ejecuciones, al considerar que podían ser asimilables a "crímenes contra la humanidad".
En 2019, Raisi había sido nombrado jefe del poder judicial, y en 2021 fue electo presidente.
En 2022 su gobierno desató una ola de represión para atajar las manifestaciones de repulsa por la muerte en detención de la joven Mahsa Amini, por no cumplir con los criterios vestimentarios impuestos a las mujeres.
Según las oenegés, cientos de personas murieron víctimas de esa represión.
A inicios de este año, una investigación independiente de Naciones Unidas indicó que el gobierno de Irán había cometido crímenes contra la humanidad por la "represión violenta" de dichas manifestaciones y la discriminación contra las mujeres.
Un pilar del sistema
"La simpatía para con él es un insulto a sus víctimas y a la nación iraní", declaró Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán, depuesto por la revolución de 1979, y destacada figura opositora. "Lo único que lamentar es que no haya vivido lo suficiente para asistir a la caída de la República islámica y que no haya sido juzgado por sus crímenes", añadió.
"Raisi era un pilar de un sistema que encarcela, tortura y mata a las personas que se atreven a criticar las políticas del Estado", declaró a su vez Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos en Irán, una organización con sede en Nueva York.
"Su muerte le ha permitido escapar a la obligación de rendir cuentas de los numerosos crímenes y atrocidades cometidos por el Estado bajo su poder", añadió.
El militante lanzó también una advertencia. "Lo decisivo ahora es que la comunidad internacional no le permita a la República islámica aprovechar este momento para reprimir y brutalizar aún más al pueblo iraní".
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