El vicepresidente del CNE pidió que caiga todo el peso de la ley para ellos. También está involucrado el que fuera director nacional de procesos del organismo electoral.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, reconoció que dos parientes suyos están dentro de los detenidos en el operativo Emperador. Se trata de Sebastián Trejo Pita y Alexánder Pita Bernal.
“Son familiares. Son personas con las que no he tenido mucha aproximación, más allá de la familiar”, confesó el funcionario durante una entrevista al canal Teleamazonas.
Agregó que si estas personas han infringido la ley “que le caiga todo el peso de la justicia”. Pita aseguró que ninguno de los dos mencionados forman parte de su equipo o del CNE.
Sin embargo, indicó que uno de ellos sí trabaja en la función pública, pero no dijo cuál organismo.
El operativo Emperador se realizó el pasado jueves 28 de noviembre de 2019. Producto de ello 34 personas fueron detenidas por pertenecer a una banda que ofrecía cargos públicos a cambio de fuertes sumas de dinero.
Entre los aprehendidos está José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Funcionario del CNE
También consta en la lista Luis Loyo, director nacional de procesos electorales del CNE.
Sobre este último, hace seis meses Pita informó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, sobre el historial delictivo del funcionario, cuya esposa es directora de Talento Humano de la Delegación Electoral de Pichincha.
Pita dijo que Atamaint no hizo el filtro correspondiente luego que una consejera que tiene a su cargo las organizaciones políticas recomendara a Loyo. Él no identificó qué consejera fue quien hizo la sugerencia.
Loyo fue destituido tras su detención la semana pasada. Pero el caso será incorporado en el juicio político que impulsa la bancada legislativa de CREO contra Atamaint.
Implicaciones a la seguridad
Sobre el operativo Emperador también se refirió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el mismo espacio televisivo.
Ella reveló que entre los detenidos consta un empleado de educación, otro exfuncionario que hasta 2017 fue director de Planificación del Ministerio de Trabajo y un sujeto que en 2010 fingió su propio secuestro.
Romo contó que fue en la Secretaría Anticorrupción que se recibió la denuncia sobre una supuesta venta de cargos. El caso pasó a la Fiscalía, que inició las investigaciones conjuntamente con la Policía.
La ministra cree que ninguna de las ofertas de venta de cargos públicos llegó a concretarse. Y calificó de “gravisimo por las implicaciones a la seguridad del país” que alguien quiera manejar la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que la banda ofrecía puestos en la DGAC y las Aduanas. Para ello se cobraban hasta USD 20 millones.
“¿Quién está interesado en controlar los cielos del país?”, se preguntó Romo. Por eso dijo que las investigaciones deben profundizarse.
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