Un muerte cada cuatro días y medio, y un amotinamiento cada 10 días son cifras que evocan la palabra 'fracaso'. Pero las autoridades se esfuerzan por negar que 15 muertos, siete amotinamientos y dos fugas sean los indicadores hacia donde se debe mirar para evaluar los 70 días del estado de excepción en las cárceles del país.
Las autoridades prefieren que el énfasis informativo se centre en tres comedores inaugurados, los 10.371 presos integrados a programas culturales, los 12.695 internos que estudian secundaria a distancia o los 434 que estudian carreras universitarias.
Además, dice el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, se está implementando un sistema informático para monitorear y registrar con eficiencia a las visitas que reciben los presos.
Pero el problema de las cárceles es estructural. Y parte del hecho de que los recintos penitenciarios tienen espacio para 28.554 personas, pero en realidad albergan a una población de 39.644 personas privadas de la libertad, según cifras del SNAI actualizadas al 17 de julio. Lo que representa un hacinamiento del 38,84%.
Y se trata de una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar. Datos de mayo de 2019 muestran que ocho de cada 10 presos tiene edades comprendidas entre los 18 y 40 años.
Combatir el hacinamiento crónico es uno de los principales propósitos del estado de excepción. En ese sentido, los esfuerzos de las autoridades se enfocan en tres tres temas sensibles: seguridad, hacinamiento e infraestructura.
Según Moncayo, se han logrado avances, como el inicio de una reclasificación de presos en función de su peligrosidad y de su conducta. Aunque, recalca, el sistema tiene problemas crónicos que no se pueden solucionar en pocos meses.
Eso a pesar de que en 2014, el entonces Ministerio de Justicia anunció el inicio de una nueva era en el sistema de rehabilitación social en el país.
El estado de excepción también plantea la ampliación de varias cárceles, así como la construcción de un centro de rehabilitación de alta seguridad en un sitio aún no determinado y cuyos detalles aún no se conocen. "Es un tema que está en análisis", dice Moncayo sin entrar descripciones.
En resumen, el estado de excepción de 60 días, decretado el 16 de mayo de 2019, y ampliado por 30 días más el 15 de julio, pretende marcar la ruta a las soluciones de un sistema que no para de generar conflictos.
Problemas repartidos en 41 cárceles
El sistema de rehabilitación social ecuatoriano tiene casi 40.000 presos divididos en 41 cárceles. Tres de estos centros son los mayores y consideradas regionales: el CRS Cotopaxi (Latacunga), CRS Guayas (Guayaquil) y CRS Turi (Cuenca).
Esos tres presidios son los únicos que tienen pabellones denominados de Tratamiento Especializado de Difícil Adaptación (Teda), donde se ubican 150 presos considerados de alto riesgo para ellos mismos y para la población carcelaria en general.
La clasificación de este grupo se hace en función de los delitos por los que fueron sentenciados, pero también por su conducta en la cárcel, su grado de violencia y por las evaluaciones psicológicas realizadas por el sistema de rehabilitación social.
De la población carcelaria, el 93% corresponde a hombres y el 7% restante a mujeres. Entre los detenidos por delitos relacionados con drogas y por delitos contra la propiedad (robos, hurtos, estafas) suman el 55% de total de la población carcelaria del país.
Mientras que los detenidos por delitos sexuales y por delitos contra la vida (asesinato, homicidio, agresiones, intentos de homicidio y otros), suman una cuarta parte de la población.
Un grupo de cuidado son las 2.014 personas recluidas por delincuencia organizada. Aunque representan menos del 5% de la población carcelaria, son los que han estado vinculados a la mayoría de los hechos de violencia.
Bandas como 'Los Choneros', 'Los Paredes', 'Los Cubanos' suenan reiteradamente como protagonistas de amotinamientos y asesinatos.
Contrariando a quienes apuntan a la inmigración colombiana y venezolana como uno de los detonantes de la crisis carcelaria y de la inseguridad, las cifras muestran que en el país 19 de cada 20 presos son ecuatorianos.
Según la información del SNAI, en Ecuador el índice de presos es de 342 por cada 100.000 habitantes.
El país con la mayor tasa de presos es Estados Unidos con 655 por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador, con 614 presos y en tercer lugar está Turkmenistán, con 583 presos por cada 100.000 habitantes, según un reporte de BBC publicado en 2018.
Según ese reporte, la tasa ecuatoriana es similar a la de países como Brasil (325 presos por cada 100.000 habitantes) o Uruguay (321).
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