Fiscalía se abstuvo de acusar a tres implicados en caso insumos médicos

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Autor:

Juan Manuel Yépez

Actualizada:

30 Dic 2020 - 17:46

Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Michel Bucaram durante una campaña electoral en 2017. - Foto: Cortesía de Michel Bucaram

Fiscalía se abstuvo de acusar a tres implicados en caso insumos médicos

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Juan Manuel Yépez

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30 Dic 2020 - 17:46

La Fiscalía envió a un juez de Guayaquil el dictamen abstentivo en favor Michel Bucaram Pulley, su cuñada Gabriela Pazmiño Pino y Stefano Adum Casanova, implicados, junto a otras doce personas más, en la presunta compra ilegal de insumos médicos en la red de hospitales públicos guayaquileños.

La Fiscalía General del Estado envió al juez de la Unidad de Garantías Penales del Guayas, Oswaldo Sierra, el dictamen abstentivo en favor de Stefano Xavier Adum Casanova, Michel Abdalá Bucaram Pulley y María Gabriela Pazmiño Pino, en la causa penal por delincuencia organizada.

La fiscal Especializada de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Claudia Romero, emitió el dictamen el 29 de diciembre de 2020, “en cumplimiento al artículo 600, inciso dos, del Código Orgánico Integral Penal”

La norma dispone que, de no acusar, se emitirá un dictamen fundamentado y se notificará al juzgador para que fije fecha para la realización de la audiencia de llamamiento a juicio.

El caso se refiere a la adquisición ilegal de medicamentos e insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil, durante la emergencia sanitaria.

Hay quince personas involucradas, entre ellas los hermanos Jacobo, Michel y Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley, su esposa Gabriela Pazmiño; el exdirector del hospital, Luis Jairala Zunino, y los hermanos Daniel y Noe Salcedo Bonilla.

Michel y Dalo Bucaram, al igual que Gabriela Pazmiño, están fuera del país, mientras que Jacobo, detenido en la cárcel 4 de Quito, al igual que los hermanos Salcedo. Ellos seguirán procesados.

En un primer momento, la Fiscalía investigó el caso por asociación ilícita, pero la fiscal Romero pidió en octubre el cambio del tipo penal a delincuencia organizada, sancionada con una pena de 7 a 10 años de cárcel.

Según la funcionaria, se descubrió que la estructura de la organización supuestamente favorecía a grupos y empresarios con millonarios convenios de pago en los hospitales Maldonado Carbo y del IESS de Los Ceibos.

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