En la segunda fase del estado de excepción contra de la minería ilegal el gobierno desarrolla acciones de inteligencia para desarticular las bandas que se encuentran detrás de esta actividad, en la que podrían estar involucrados militares y policías. Una entrevista con Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El operativo combinado entre fuerzas del Ejército y cuerpos de élite de la Policía Nacional que se cumplió en la zona minera de la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura), la semana del 2 al 5 de julio, tuvo como fin recuperar las áreas que habían sido ocupadas por la minería ilegal.
Esto concluyó con el desalojo de más de 5.000 personas y el desmantelamiento de varios campamentos y palizadas, construidos fuera de toda norma, que estaban desperdigados en la montaña donde existe un yacimiento aurífero.
“Hemos encontrado personas de nacionalidad venezolana, peruana, colombiana, ecuatoriana, entre otros y lo más positivo es que ha sido un procedimiento pacífico”, destaca Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El funcionario sostiene que buena parte de las personas evacuadas fueron “víctimas del crimen organizado” y eran quienes realizaban las tareas más rudimentarias.
Mientras, en los niveles medios y altos de la cadena de explotación ilegal, estaban enquistados miembros de los grupos residuales del proceso de paz colombiano que a mediados de 2017 culminó con la desmovilización de los grupos irregulares.
El crimen organizado ha logrado infiltrar las estructuras de los estados.
Diego Tipán
Un informe de la Oficina Contra el Delito y la Droga de las Naciones Unidas (2017) daría cuenta que alrededor del 20% de la producción aurífera de Perú, Colombia y Brasil, valorada en unos USD 5.000 millones fue desviada a través de la minería ilegal, indica Tipán, para tener una idea de la magnitud de este negocio ilícito.
El poder económico del crimen organizado ha infiltrado las estructuras de los estados y Ecuador no es la excepción. Estas organizaciones han logrado corromper a elementos policiales, personal militar, fuerzas del orden que patrullan las carreteras, anota el funcionario.
El subsecretario recuerda que en varios operativos realizados durante los dos últimos años se ha encontrado personal de seguridad pública involucrado en actos ilícitos.
En diálogo con PRIMICIAS, Diego Tipán explica cómo se fueron uniendo en La Merced de Buenos Aires varios tipos de delito: "minería ilegal, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de combustibles".
También da pistas acerca de la segunda parte del estado de excepción, el cual podría ampliarse por otros 30 días.
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