Jueves, 25 de abril de 2024

Juez llamó a juicio a Daniel Salcedo por supuesto peculado

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

9 Feb 2021 - 17:06

Fila de ataúdes en hospital Los Ceibos de Guayaquil

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

9 Feb 2021 - 17:06

Una fila de ataúdes se formó en el hospital Los Ceibos de Guayaquil el pasado el 8 de abril de 2020, cuando se registró el pico de la pandemia en esta ciudad. - Foto: PRIMICIAS

El juez de Garantías Penales, Reinaldo Cevallos, aceptó el pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a Salcedo y a siete procesados más por la compra de fundas para cadáveres con supuesto sobreprecio en el Hospital de Los Ceibos, de Guayaquil.

El juez de Garantías Penales, Reinaldo Cevallos, aceptó el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Daniel Salcedo y a otros siete procesados por peculado.

Se trata de la supuesta compra ilegal de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil, ocurrida durante la pandemia de coronavirus en 2020.

A Susana Mera, exgerente general del hospital; Cristina del Rocío Goya, responsable de Compras Públicas de esa casa de salud; y Johana Vinueza, exsubdirectora administrativa-financiera, se los investiga como autores directos del delito de peculado.

Mientras que Sandra Ortega, representante de la empresa Silverti; Lenin Romo, Alejandro Barahona y Daniel Salcedo (que tendrían nexos entre las empresas Silverti, Bioim y Ecap Mediq), como coautores.

En la diligencia, el juez ratificó la prohibición de transferencia de dominio de bienes y bloqueos de cuentas de los procesados.

Además ordenó que se oficie a la Policía la localización inmediata de Sandra Ortega, Lenin Romo y Alejandro Barahona.

El juez Cevallos también modificó la medida de presentación periódica para el procesado Jorge San Lucas, cambiando su presentación diaria a dos días por semana, y ratificó la inocencia de Fabián Humberto B. M.

La audiencia preparatoria de juicio contra los implicados se reinstaló la mañana del 9 de febrero de 2021, luego de ser suspendida el día anterior.

La Fiscalía investiga la compra de 4.000 fundas para cadáveres a un costo de USD 148, cuando en realidad tenían un valor máximo de USD 15.