Luego de escuchar a todas las partes, la jueza suspendió la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía se ratificó en su acusación de una red de sobornos que operó en el gobierno anterior.
Tras 11 días de audiencia, el caso Sobornos 2012-2016 está por ingresar a una nueva fase. Una vez que la jueza Daniella Camacho escuchó a todas las partes, suspendió la diligencia para analizar los alegatos.
Ella misma será quien fije fecha y hora para la parte final de la audiencia preparatoria de juicio. Allí determinará si llama o no a juicio a los 24 acusados por la Fiscalía General del Estado.
La fiscal Diana Salazar reafirmó su pedido de llamar a juicio a los 24 acusados por el presunto delito de cohecho.
El lunes, la Fiscalía replicó los argumentos presentados por los abogados defensores. Estos solicitaron el sobreseimiento de sus representados.
Mientras que la Procuraduría General del Estado, que actúa como acusador particular, también refutó los alegatos de los procesados.
La Fiscalía basó su acusación en 837 elementos de convicción. Con ellos se argumentó una estructura conformada por funcionarios públicos y empresarios privados que operó en el gobierno anterior. Estos últimos habrían entregado dinero (en efectivo o a través de cruce de facturas) para ser beneficiarios de contratos con el Estado.
Según la Fiscalía, el monto de los sobornos ascendería a USD 7’791.588 dólares. En base a esa cifra, el procurador Íñigo Salvador solicitó una reparación integral al Estado por el triple del monto que equivale a USD 23’374.764.
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