Dos de 10 presos peligrosos de La Roca recibieron medidas cautelares

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Autor:

Carolina Mella

Actualizada:

10 May 2022 - 0:03

La Policía trasladó a cinco cabecillas de bandas delincuenciales de la cárcel de Turi hacia La Roca, en Guayaquil, la noche del 4 de abril de 2022. - Foto: Secom

Dos de 10 presos peligrosos de La Roca recibieron medidas cautelares

Autor:

Carolina Mella

Actualizada:

10 May 2022 - 8:33

En la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, permanecen diez presos trasladados en el último mes por su alto nivel de peligrosidad.

La madrugada del 4 de abril, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, recibió a sus primeros huéspedes después de haber permanecido cerrada por seis años, luego de la fuga de Los Choneros, entre ellos José Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’.

Con esta medida, el Gobierno anunciaba “mano dura” contra los delincuentes, mientras trasladaba a La Roca a cinco supuestos cabecillas de las bandas R7 y Los Lobos.

Ellos fueron quienes iniciaron la masacre en la cárcel de Turi, el 3 de abril, que dejó 20 personas muertas y por lo menos 10 heridas. La lista la integraron:

  • Alexander Quezada, alias ‘Ariel’, líder de la banda criminal Los Lobos. 
  • José Andrés Mejía Bermúdez, alias ‘San Andrés’, de la banda Los Lobos.
  • Marvin Ramirez Cortez, alias ‘Mojón’, de la banda R7.
  • Eduardo Moreira Paredes, alias ‘Gato Runy’, de la banda R7.
  • Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias ‘Anchundia’, líder de la banda criminal R7.

Los cinco fueron clasificados como personas de alta peligrosidad y, por lo tanto, trasladados a La Roca, donde funciona un régimen de 23/1; es decir, 23 horas encerrados en la celda y una hora en el patio. 

Al ser una cárcel de máxima seguridad, cada detenido guarda prisión en una celda y es vigilado por un policía de unidades especiales. Además, se limitan las visitas y comunicaciones externas.

Unos días después también llegó Manuel Franco Cedeño, quien tenía su centro de operaciones de tráfico de drogas en Ibarra y Otavalo. También pertenece a Los Lobos. 

Ellas eran las seis personas privadas de libertad más peligrosas, según el Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI). 

Pero los líderes de las bandas criminales Los Lobos y R7 no duraron mucho tiempo en La Roca.

El 28 de abril, un juez de la Unidad Judicial Penal Sur de Delitos Flagrantes de Guayaquil concedió una medida cautelar constitucional a ‘Anchundia’, quien alegó estar “en zozobra y angustia, porque ha recibido amenazas de muerte y maltrato físico en los baños y celdas”.

“La medida cautelar tiene otro fin para proteger otro tipo de derechos, como un desalojo, una destitución, y tiene un tiempo, no es de carácter indefinido, y no se observa que eso haya ocurrido en este caso”, explica Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Justicia de Guayas.

“Si el SNAI presentó apelación, la medida cautelar deberá ser revisada ante la sala de la Corte. Si no lo hizo, se entendería que está de acuerdo con la decisión del juez”.

Fabiola Gallardo

Alias ‘Ariel’ fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, después de que la justicia le concediera un habeas corpus, por amenazas contra su vida por parte de Junior Roldán, alias ‘JR’, uno de los cabecillas de Los Choneros.

Alegó que su sentencia de cinco años no lo faculta para estar en una cárcel de máxima seguridad, sino de mediana.

Así, ‘Ariel’ y ‘Anchundia’ pasaron en menos de 20 días de La Roca, por ser presos peligrosos, cabecillas de bandas delincuenciales y por participar en una masacre, a cárceles de mediana y mínima seguridad ante posibles atentados en su contra.

El traslado de ambos cabecillas a otras cárceles provocó una nueva masacre en el centro penitenciario Bellavista de Santo Domingo, donde asesinaron a 44 personas.

La noche del 9 de mayo, seis detenidos que permanecían en ese centro carcelario llegaron a La Roca, tras los disturbios registrados la madrugada del lunes, por lo que el número de detenidos en la cárcel de máxima seguridad subió a 10.

Separación por nivel de seguridad

Aunque la ley exige la estricta separación entre personas procesadas y sentenciadas, así como por niveles de seguridad, la medida no se cumple a cabalidad en las cárceles, como lo reconoce el documento de la política pública de Rehabilitación Social 2022-2025. 

Según el artículo 682 del Código Orgánico Integral Penal, las personas privadas de libertad (PPL) deben ser separadas en los centros penitenciarios por: 

  • Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que tienen medida cautelar o apremio personal. 
  • Las mujeres de los hombres. 
  • Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 
  • Las que necesitan atención prioritaria de las demás. 
  • Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las privadas de libertad por otros delitos. 
  • Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, de las demás. 
  • Las privadas de libertad por contravenciones, de las personas privadas de libertad por delitos. 

Y después de esta clasificación y evaluación psicológica, se define los niveles en: 

  1. Máxima seguridad
  2. Mediana seguridad
  3. Mínima seguridad

De las 32.614 personas privadas de libertad registradas hasta noviembre de 2021, el SNAI las clasificó, según el nivel de seguridad, de la siguiente manera:

  • 71,2% mínima seguridad.
  • 19,6% mediana.
  • 9,2% máxima.

Mientras que 7.494 personas no constan en los datos sobre en qué nivel de seguridad se encuentran. El área de Inteligencia Penitenciaria define la separación los detenidos en base a sus investigaciones.

“El juez no decide en sentencia que debe ir a una cárcel de máxima o mínima seguridad. Es el SNAI el que hace un estudio, tiene el control de los internos y los ubica según su nivel de seguridad”, explica la presidenta de la Corte de Justicia de Guayas.

Pero lo que ocurre en las cárceles del país es que separan a los detenidos según la banda delictiva a la que pertenecen para evitar enfrentamientos.

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