Ley de Inteligencia: Estas son las claves del Reglamento emitido por el presidente Daniel Noboa

La Ley y el Reglamento establecen que la autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia podrá solicitar a las entidades públicas información específica o datos, que deberán ser entregados en el término de dos días. Y el Reglamento establece el mismo límite para la actualización permanente de bases de datos, motivada por razones de seguridad.

En cuanto a las operadoras de telecomunicaciones, ambos documentos repiten que sólo las máximas autoridades del Sistema Nacional y de los subsistemas policial y militar podrán solicitar información privada de manera "justificada", sin ningún otro requisito adicional, como una orden judicial.

Las empresas no pueden negarse a entregarla y deben hacerlo por enlaces de seguridad en un término máximo de dos días. Pero el Reglamento no detalla a qué tipo de información se refiere.

Aunque la Ley ya aclaró que implica la "información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización".

Lo que sí crea el Reglamento es la figura de "unidades de protección de datos de inteligencia y contrainteligencia" para cada subsistema. Estos serán responsables de garantizar la recolección, almacenamiento, producción y difusión de información.

Los gastos especiales, que son fondos permanentes asignados para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ya existían previamente. Pero con la nueva Ley de Inteligencia serán auditados solo por el Contralor, tras lo cual toda la información deberá ser incinerada.

Además, ninguna otra institución podrá intervenir en la fiscalización de estos gastos, ni siquiera los subsiguientes directores del CNI podrán requerir información relativa a los gastos especiales de periodos anteriores.

El Reglamento emitido por el Mandatario solamente agrega que estos gastos se ejecutarán conforme a la normativa secundaria clasificada, que deberá emitir el director del Centro, Michele Sensi Contugi. Y agrega que los detalles serán secretos o secretísimos, la más alta clasificación.

La Ley de Inteligencia eliminó la obligación de obtener una autorización judicial para retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio. Ahora se requiere únicamente la decisión del director del CNI, "por razones de seguridad integral del Estado".

Y el Reglamento copia literalmente los mismos dos párrafos al respecto, donde se establece también que el director del CNI deberá autorizar las interceptaciones que requieran otros subsistemas.

El Reglamento no menciona de ninguna forma la rendición de cuentas. Mientras que la nueva Ley la cambia de una semestral a una anual ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea.

Y aclara que es la misma Comisión la única que podrá llamar a rendir cuentas a las autoridades en la materia y también filtrará los pedidos de información de los demás legisladores, "siempre que el requerimiento se encuentre debidamente motivado".

La Ley de Inteligencia abrió un marco para que el transporte de valores destinados a técnicas y elementos tecnológicos (software y hardware), para recopilar, analizar y utilizar información en el espectro electromagnético y ciberespacio no tengan control alguno.

Y establece que "en virtud del carácter de secreto, estratégico y prioritario de estas operaciones, ninguna autoridad o entidad, podrá detener, interferir, inspeccionar o impedir el traslado de dichos recursos, bajo ninguna circunstancia".

Pero el Reglamento no establece ningún tipo de límites ni características o requisitos en este aspecto. Solo enumera como atribución de la máxima autoridad del Sistema de adquirir bienes, equipos y tecnología y contratar la prestación de servicios.