Daniel Noboa es el tercer presidente que intenta apuntalar un Sistema Nacional de Inteligencia
La historia reciente de Ecuador demuestra la debilidad de las autoridades de Inteligencia para prevenir los ataques a la seguridad integral del Estado y de la ciudadanía.
Imagen referencial del 27 de julio de 2015, cuando la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que después dio paso al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
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El Ciudadano
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El 1 de marzo de 2008 el gobierno colombiano ejecutó la operación Fénix y bombardeó un campamento de las FARC que se encontraba en Sucumbíos, dejando 25 muertos. El ataque se realizó en territorio ecuatoriano y el gobierno del momento se enteró solo porque las autoridades colombianas se lo comunicaron y lo hicieron público.
Como respuesta a esa crisis, en 2009, el gobierno de Rafael Correa inició una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia, que hasta el momento reposaba por separado en la Policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, y creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), como máxima autoridad para consolidar el sector y que funcionó durante nueve años.
En 2018, Lenin Moreno la 'cerró', en el contexto de sus medidas de austeridad, justificando la decisión en las irregularidades en el manejo de los fondos reservados (84% de su presupuesto) y en los excesos de la entidad.
Sin embargo, solo se transformó en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), bajo la idea de cambiar otra vez el Sistema. Esa misma entidad es ahora dirigida por un amigo del presidente Daniel Noboa, el empresario guayaquileño Michele Sensi-Contugi.
Y, en medio de la crisis de inseguridad y la escalada de violencia en el país, este nuevo Gobierno también ofreció una tercera reforma al Sistema. En ese camino, el Mandatario planteó, ya una vez reelecto, una nueva Ley en la materia, que entró en vigencia el 11 de junio.
El proyecto ha sido duramente cuestionado por las amplias facultades que le otorga al CIES y los funcionarios del Sistema de Inteligencia, que incluye a siete instituciones, entre ellas las fuerzas públicas. Por lo que ya ha sido demandado por una supuesta inconstitucionalidad.
Pero, con o sin proyecto, es evidente que Ecuador no tiene un sistema que ayude a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad de los ciudadanos y de la soberanía territorial.
Por ejemplo, apenas a inicios de junio un pelotón de 37 militares tuvo que retroceder tras un encuentro sorpresa, en Sucumbíos, con un grupo armado de 210 hombres, supuestamente de una disidencia de las FARC, que los superaban también en armamento.
Angostura, la primera gran evidencia
El ataque de Angostura dejó en evidencia las fallas críticas de las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad. Y dio paso a un proceso interno de investigación sobre el desempeño y funcionamiento de los servicios de inteligencia de la época.
El informe final de la Comisión para la Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales determinó que había una desconexión entre el nivel político-estratégico y los sistemas de inteligencia, una desconfianza institucional y celos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Por lo tanto, existía una "extrema debilidad en la formulación de las líneas de acción, en la determinación de objetivos y en la coordinación entre los órganos de inteligencia militar y policial, produciendo ineficacia, superposición de actividades, interferencia y falta de una actuación sinérgica".
A lo que se sumó la confirmación de una penetración profunda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en las filas militares y policiales, especialmente en las áreas de inteligencia y una dependencia económica informal de los recursos que les brindaba la Casa Blanca.
Pero la creación de la Senain, en junio de 2009, tampoco solucionó las cosas. Un poco más de un año después, el 30 de septiembre de 2010, explotó una revuelta policial, que tomó por sorpresa nuevamente al gobierno y terminó en un enfrentamiento armado entre militares y policías sublevados.
Nuevamente, la debilidad del Sistema quedó en evidencia y se tomaron otros correctivos en materia de inteligencia. Pero la Secretaría falló en su cometido, pese a los intentos de fortalecer las capacidades humanas, tecnológicas y técnicas del sector, no logró consolidarlo y unificarlo.
Y en enero de 2018, los atentados en la frontera norte (Esmeraldas) mostraron una vez más que la información generada por los órganos de Inteligencia se encontraba dispersa, aislada y desarticulada. Desde ese día, la violencia en el país solo ha recrudecido, pero lo ha hecho con mayor velocidad después de la pandemia de Covid-19.
Los constantes fracasos en prevenir la escalada de la inseguridad y la expansión del crimen organizado, sumados a la mala reputación de la Senain (de ser utilizada para espiar y perseguir a opositores políticos del correísmo), obligaron al entonces presidente Lenin Moreno a refrescar la imagen del sector.
Así nació el ahora CIES, en septiembre de 2018, bajo la promesa del Ejecutivo de "replantear las actividades de inteligencia en el país, mediante una nueva visión que contemple y asegure el estricto cumplimiento de la normativa legal en apego y respeto a los Derechos Humanos", reza el Plan Nacional de Inteligencia 2019-2030.
En los últimos días de 2023, el gobierno de Daniel Noboa anunció que crearía una agencia de inteligencia 'verdadera', fortaleciendo el Sistema en ámbitos tácticos y operativos, como parte del ya olvidado Plan Fénix.
Pero apenas 10 días después, el Gobierno sufrió un duro golpe entre el 8 y 9 de enero de 2024, cuando Ecuador vivió una jornada de violencia nunca antes vista, que paralizó varias ciudades y puso al país en la mira internacional por el secuestro del personal de TC Televisión, que fue transmitido en directo.
Fue ahí cuando nació la declaratoria del conflicto armado interno, que para el Ejecutivo todavía no termina. Y que le ha servido para apalancar una serie de medidas como el alza del IVA, el incremento de penas, una reforma constitucional y leyes y gastos urgentes.
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