Reino Unido acepta la extradición de Assange a Estados Unidos

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EFE

Actualizada:

17 Jun 2022 - 7:58

Imagen de archivo del hacker australiano, Julian Assange, quien pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres. - Foto: Archivo

Reino Unido acepta la extradición de Assange a Estados Unidos

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EFE

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17 Jun 2022 - 7:58

La ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos. Ese país que lo requiere por cargos de espionaje.

La ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de espionaje.

El 20 de abril de 2022, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano para consideración del Gobierno del Reino Unido.

Según la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden.

Un portavoz agregó que “las solicitudes de extradición solo se envían a la ministra del Interior una vez un juez ha decidido que se puede proceder”.

“El 17 de junio, tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior, se ordenó la extradición del periodista australiano a Estados Unidos. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días“, agregó.

El portavoz oficial añadió que en este caso, las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar a Assange sea “opresivo, injusto o suponga un abuso de proceso”.

“Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión”, puntualizó la fuente.

La Justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Esto, por las revelaciones de su portal que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país.

La decisión de Patel puede ser recurrida por las partes, pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.

Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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