La Fiscalía abrió una investigación de oficio por posibles afectaciones al ecosistema sensible de Galápagos. Por ahora, no hay detenidos.
Nota actualizada a las 12:00, con la investigación fiscal.
El Consejo de Gobierno de Galápagos declaró la emergencia en San Cristóbal, la capital de la provincia insular.
En un documento aprobado a las 23:00 de este domingo 22 de diciembre de 2019, el Consejo dispone una serie de acciones tras el hundimiento de la gabarra Orca.
El accidente ocurrió mientras una grúa cargaba la gabarra. Entre los objetos que se hundieron están:
- La gabarra Orca
- La grúa de la operadora portuaria Panismar
- Un grupo electrógeno Caterpillar
- Un transformador de propiedad de Elecgalápagos
El Consejo dispone al Ministerio del Ambiente y al Parque Nacional Galápagos emprender las acciones de limpieza para limitar los daños al ecosistema de la bahía Naufragio. Además, pide al Ministerio de Transporte y Obras Públicas mejorar la infraestructura portuaria de la provincia.
Si es que resulta necesario, la cartera de Defensa deberá proveer apoyo logístico para el transporte aéreo y marítimo hacia Galápagos. La Policía y la Armada serán las encargadas de restringir el acceso al muelle La Predial, perteneciente a la empresa Panismar.
La investigación fiscal
Según la Fiscalía, el incidente provocó el derrame de unos 600 galones (2.200 litros) de diésel al mar y dejó una persona herida.
La Fiscalía de San Cristóbal dispuso el inicio de las investigaciones, la noche del domingo 22 de diciembre, y está a la espera de los informes del Parque Nacional Galápagos y de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.
“Este derrame de combustible pudo haber ocasionado graves afectaciones al ecosistema sensible de esta área protegida.
Cristhian Fárez Falconi , fiscal
Añadió que la Fiscalía dispuso la apertura de la respectiva investigación previa por el presunto delito contra el agua, según lo que dispone el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal.
Personal del Parque Nacional Galápagos y de la Armada del Ecuador intervinieron en la zona colocando barreras de contención de derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave, para evitar la dispersión del combustible en aguas abiertas.
La pena
La ley dispone que, quien contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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