Según el vocero presidencial, Carlos Jijón, aseguró la mañana del 15 de noviembre de 2021 que “se puede pensar que el objetivo real” de esta nueva masacre ocurrida en las cárceles era “cometer un acto terrorista que conmocione a la Nación, como ha ocurrido, para acusar al Gobierno de esta masacre”.
Según Jijón, esto ocurre “en un momento político en que hay un informe que habla de que hay un estado de conmoción social y que, con base en ello, pide la destitución del Presidente de la República”.
Jijón se refiere el informe preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta y de Pachakutik, que concluyó que la aparición del presidente Guillermo Lasso en el listado de los denominados ‘Pandora Papers’ genera una “conmoción interna” y podría derivar en una crisis de gobernabilidad, abriendo la puerta a un juicio político.
El funcionario agregó que “el Estado está retomando el control de la cárcel y tomando las medidas para que este tipo de actos no puedan repetirse”.
Pero matizó que en esos esfuerzos hay que considerar que “el país está bajo ataque de mafias internacionales, como los carteles de la droga, no es una pelea de pandillas. Es algo más grave, que tiene incluso ramificaciones políticas”.
En el conversatorio realizado en Teleamazonas, con la participación de otros expertos en seguridad, en analista Francisco Huerta, agregó que “aquí hay una vinculación político delincuencial y no solo una lucha de bandas por territorio”.
Según Huerta, “existe la intención de provocar una conmoción interna que justifique, precisamente, el informe de la Comisión, que plantea la conmoción como causal de destitución del gobierno”.
El vocero presidencial aseguró también que hasta el momento no se ha logrado identificar a todos los fallecidos, pues “fueron incinerados, mutilados y demás, lo que dificulta la identificación”, y en función de eso aseguró que la lista de nombres que circula en redes sociales con nombres de supuestas víctimas es falsa.
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