El informe abre la puerta a un proceso de destitución del Presidente por “conmoción interna”, y recomienda al Pleno llamar a Lasso a comparecer. Además, señala que esta vinculación puede generar una “crisis de gobernabilidad”, que no le permita al Mandatario llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó este 5 de noviembre de 2021 el informe sobre su investigación alrededor de los ‘Pandora Papers’. El documento concluye que el presidente Guillermo Lasso tiene “vinculación directa” con paraísos fiscales, con base en las pruebas otorgadas por el correísmo.
El informe no habla directamente de la destitución del Presidente, pero sí del artículo 130 de la Constitución, que establece esta potestad de la Asamblea. Por lo tanto, marca el inicio de un posible proceso de remoción de Lasso por “grave conmoción interna”.
Según los comisionados, el Presidente supuestamente incumplió el “mandato popular” de la consulta popular que prohibió a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
El informe fue aprobado con seis votos a favor de los asambleístas de Pachakutik y UNES. Los dos miembros de la bancada oficialista BAN votaron en contra, y hubo una abstención.
Con esto, el informe pasará al Pleno de la Asamblea. Sin embargo, la Ley de la Función Legislativa no contempla un plazo para que la presidenta, Guadalupe Llori, haga la convocatoria. De momento, el Legislativo se concentra en la reforma tributaria y la proforma 2022, que deben aprobarse hasta finales de noviembre.
Las conclusiones
El informe de la investigación sobre los ‘Pandora Papers’ concluye que “hay una vinculación directa” del Presidente con las empresas Banisi y Banisi Holding, que tienen sede en Panamá. Además, sostiene que la creación de empresas offshore dentro del Grupo Banco de Guayaquil “necesariamente deben contar con el conocimiento y aprobación” de Lasso.
También asegura que las aseveraciones del Mandatario de no tener relación con Banisi “no se ajustan a la verdad”. Y concluye que Lasso estaría incurso en la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, de acuerdo con la consulta popular de 2017.
Además señala un posible delito de defraudación tributaria. Sostiene que hay “disparidades” en el pago de impuestos en las distintas empresas que forman parte del Grupo Banco de Guayaquil y del mismo Lasso.
Finalmente, el informe sostiene que estos hallazgos “determinan un escenario de crisis de gobernabilidad“, porque el Presidente “no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomaría”. Esto, según la conclusión final del informe, generaría en “un escenario de conmoción social, porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la anomia de las instituciones”.
Finalmente, concluye que la Asamblea “tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo las normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución y la ley”.
Las recomendaciones
La principal recomendación del informe señala que “se verifica la inobservancia por parte del Presidente al Pacto Ético (consulta popular sobre paraísos)”. Esto, a criterio de la comisión, “configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto el artículo 130, numeral 2 por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre los paraísos fiscales”.
Este artículo de la Constitución es el que habla de la destitución presidencial desde la Asamblea, por grave conmoción interna. El proceso llevaría a nuevas elecciones, presidenciales y legislativas.
La Comisión también pide aprobar una resolución para llamar al presidente Lasso al Pleno de la Asamblea en un plazo máximo de ocho días. Y que el Pleno también levante la reserva de toda la información con respecto a su presunta vinculación.
Además, las recomendaciones incluyen pedir el inicio de procesos de juicio político contra las autoridades que no colaboraron en la investigación.
Las pruebas del informe
El informe, de más de 240 páginas, incluye una amplia narración sobre las supuestas vinculaciones de Lasso con varias empresas offshore. Sin embargo, la principal prueba del presunto incumplimiento de la prohibición sobre los paraísos fiscales son los documentos entregados por la bancada correísta UNES.
La asambleísta Mónica Palacios (UNES) entregó a la Comisión documentos que probarían que el traspaso de acciones que Lasso hizo para deshacerse de sus empresas en Panamá habría quedado en firme después de su inscripción como candidato, el 23 de septiembre de 2020. Según estos documentos, el traspaso se concretó recién en octubre.
Pero, estas aseveraciones fueron contrarrestadas por un documento enviado por el abogado del Mandatario, Eduardo Carmigniani. Él entregó a la Comisión un oficio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que sostiene que, con fundamento en la Ley Bancaria de ese país, la transferencia de acciones quedó en firme cinco días después de su notificación. Esto sería el 15 de septiembre de 2020, antes de la inscripción de Lasso.
Este documento no fue incluido en el informe que fue aprobado por la Comisión.
Pero para el correísmo, hay más. Paola Cabezas (UNES) asegura que este traspaso de acciones puede ser una “simulación“, pues no hay pruebas de una venta. También cree que la vinculación de la familia de Lasso con estas empresas offshore son suficientes para concretar el incumplimiento de la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
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