La Comisión de Garantías Constitucionales tenía previsto entregar su informe hasta la siguiente semana, pero aún no ha comenzado su redacción. Las comparecencias de funcionarios públicos no han aportado mayor información. Los legisladores pueden pedir una prórroga.
Nota actualizada a las 11:50 del 29 de octubre de 2021, con las declaraciones del presidente de la República.
La Comisión de Garantías Constitucionales tiene apenas una semana más para redactar su informe de investigación sobre los 'Pandora Papers'. Han pasado ya tres semanas desde el inicio de este proceso, sin que los legisladores hayan logrado tener algún indicio o prueba de la vinculación del presidente Guillermo Lasso.
La imposibilidad de obtener información bancaria, empresarial y personal del Primer Mandatario ha complicado el trabajo de la comisión, lo que ha generado frustración en los legisladores.
Este 27 de agosto de 2021, después de la comparecencia de Carla Mera, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el presidente de la comisión, Fernando Cabascago, admitió que no han podido avanzar. "El poder ciudadano no ha logrado tener información que permita aclarecer este proceso investigativo que el Pleno nos ha delegado", aseguró.
Además, Cabascango cuestionó que las autoridades se nieguen a entregar datos que tienen carácter de reservado. Según dijo, "hay marco jurídico suficiente para que esta Asamblea pueda solicitar (esa información) a los funcionarios públicos".
La reserva de la información choca con la fiscalización
Todas las comparecencias de funcionarios públicos ante la Comisión de Garantías Constitucionales han tenido una misma tónica: la mayoría de información sobre los recursos del presidente Lasso es de carácter reservado.
Las comparecencias del Servicio de Rentas Internas, la UAFE, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría y otras instituciones han recalcado en esta información, algo que no convence a los asambleístas. La falta de entrega de este tipo de datos genera cuestionamientos, sobre todo desde la bancada correísta UNES.
Entre la información reservada a la que la Asamblea no ha podido acceder está:
- El contenido de las declaraciones de impuestos del Presidente.
- Sus movimientos bancarios y el detalle de sus cuentas.
- Posibles reportes de la UAFE por operaciones o transacciones inusuales o injustificadas.
- El avance de los exámenes especiales que lleva adelante la Contraloría.
El problema es que toda esta información, según las leyes que rigen a cada institución, solo podría entregarse de ser el caso a la Fiscalía o a la Justicia. Aunque la Asamblea tiene facultad fiscalizadora, la Ley de la Función Legislativa no les permite acceder a este tipo de datos.
Además, los funcionarios públicos, según la Ley del servicio público, autorizan a levantar el sigilo bancario que protege sus cuentas. Sin embargo, este levantamiento solo es para que las instituciones pertinentes accedan a esta información, y no se incluye a la Asamblea.
Justamente por esto, el argumento del presidente Lasso es que solo la Contraloría tiene la facultad de investigar si tiene bienes o recursos en paraísos fiscales. Mientras que la Fiscalía es quien investiga si hubo un presunto delito.
UNES encabeza los cuestionamientos
La investigación a Lasso ha sido la oportunidad que la bancada correísta UNES ha encontrado para cuestionar nuevamente al Presidente. Antes de las elecciones, esa fuerza política incluso impugnó su candidatura, pero el CNE y el TCE rechazaron sus argumentos.
Sin embargo, los documentos aportados por esta bancada son los únicos que, de momento, tiene la Comisión de Garantías Constitucionales para su investigación. Estos fueron entregados por la asambleísta Mónica Palacios.
La legisladora entregó documentación obtenida del Registro Público de Panamá, que según dijo, probaría que Lasso "mintió" en su declaración juramentada.
Según la información entregada por Palacios, la transferencia de acciones del Presidente a sus hijos de la empresa Pierto Overseas se habría concretado recién en octubre de 2020. La inscripción del binomio Lasso-Alfredo Borrero fue el 23 de septiembre de ese año.
La investigación puede durar más de 30 días
La Comisión de Garantías Constitucionales tiene 30 días para emitir el informe de su investigación sobre los 'Pandora Papers', que vencerían este 6 de noviembre. Según el cronograma aprobado por sus miembros, ese día se entregaría el informe.
Sin embargo, la comisión podría pedir una prórroga. Esta podrá ser de hasta 30 días más, y deberá ser aprobada en el Pleno de la Asamblea "previa solicitud fundamentada".
Cabascango no ha expresado si harán esta solicitud frente a los problemas de la investigación. La redacción del informe aún no comienza.
La respuesta de Lasso
El presidente Guillermo Lasso reiteró en que no ha cometido ninguna "falta", "contravención" o "delito" y que está dispuesto a ser investigado sobre los papeles de Pandora, pero que no se someterá a un "circo" en la Asamblea.
"Contundentemente le digo que no he cometido ninguna de esas faltas, contravenciones o delitos. ¡Ninguna, Ninguna!", insistió el mandatario en una entrevista con la agencia EFE al ser interpelado si "desde 2013" ha incurrido en delitos de "testaferrismo, evasión o elusión".
"Me deshice de todas estas inversiones y la mayoría de esas compañías fueron absolutamente liquidadas. ¡No existen más!"
Guillermo Lasso
Para el presidente, la Comisión de Garantías Constitucionales no es sino un "circo" en manos de una oposición "ideológica" al que no piensa "prestarse", y por ello, cuando fue convocado, envió "una carta con información muy detallada, clara y contundente".
Una misiva en la que detalla su patrimonio y empresas que llegó a tener en el extranjero cuando era "una persona natural", y en la que instaba a ser convocado el último y ser interpelado en el Palacio por "ser presidente" y evitar "tanto circo y humillación". Ambas fueron rechazadas.
Afirma que no tiene "ningún problema en que siga investigando" por la Fiscalía ni la Contraloría, a la que él mismo pidió "un examen especial" sobre su declaración patrimonial.
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