El Presidente enfrenta una investigación de tinte político en la Asamblea, y otra en la Contraloría, ambas por sus supuestas empresas en paraísos fiscales. Las dos podrían conducir a desenlaces similares. La Fiscalía también inició una investigación penal.
Nota actualizada a las 15:15, del 21 de octubre de 2021, con la investigación abierta por la Fiscalía General.
La carta del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea para excusarse de asistir a la Comisión de Garantías Constitucionales volvió poner en el debate el tema de la destitución del cargo. El mismo Presidente habla en su carta de una posible pretensión de la Asamblea de “circunvalar” el proceso que, a su criterio, debería seguir la investigación alrededor de los ‘Pandora Papers’.
Contra Lasso hay, de momento, dos investigaciones.
- La una se sigue en la Asamblea y tiene tinte político, impulsada principalmente por UNES y Pachakutik.
- La otra está a cargo de la Contraloría, por pedido del mismo Presidente.
En el trasfondo de ambas está la misma premisa: investigar si Lasso tiene o no bienes o capitales en paraísos fiscales. Si el resultado es afirmativo, eso lo haría incurrir en una prohibición legal para ejercer su cargo, como se aprobó en la consulta popular de 2017.
En todo caso, las dos investigaciones avanzan al mismo tiempo y podrían, si los elementos confluyen, llegar a un mismo resultado: la destitución del Presidente de la República.
La investigación de la Asamblea tensa la relación
La investigación de la Asamblea se lleva a cabo en la Comisión de Garantías Constitucionales, con mayoría de UNES y Pachakutik, ambas organizaciones declaradas en oposición al Ejecutivo.
La decisión de Pleno fue que esa mesa legislativa indague las relaciones de Lasso con las empresas que aparecen en los ‘Pandora Papers’, pues esto presuntamente causó una “conmoción social”.
La Ley de la Función Legislativa prevé que la Asamblea pueda investigar “la actuación” de cualquier funcionario público. Para esto, tal como se procedió en este caso, el Pleno debe asignar a una comisión para que lo haga.
Pero la Ley no es clara sobre qué consecuencias puede tener esta investigación; solo menciona que, en un mes, deben preparar un informe para conocimiento del Pleno.
Lo que sí dice la normativa es que el informe puede recomendar el inicio de un juicio político al funcionario investigado. Pero las causales para el juicio político del Presidente no cabrían en este caso, pues las mismas están atadas a procesos judiciales, o a delitos como genocidio y peculado.
Por ello, lo que cabría en este caso es un proceso de destitución del Presidente, en cuyo caso la Asamblea también se disolvería y habría elecciones anticipadas.
Sobre el tema específico de los paraísos fiscales, la competencia de la Asamblea entraría en escena solo después de la de la Contraloría. La Ley de aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales establece el procedimiento.
La destitución ante la Contraloría, un proceso más largo
En febrero de 2017, los ecuatorianos votaron a favor de incluir la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales a quienes se presenten a las elecciones o sean servidores públicos.
La consulta dio un plazo de un año a quienes se encuentren incursos en esa prohibición para deshacerse de estos bienes o capitales.
La ley para la aplicación de esta consulta popular establece el proceso de investigación en el caso de una presunta violación de esta prohibición:
- La Contraloría iniciará un examen especial para determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad del servidor público examinado. Esto debe ser notificado en tres días al funcionario señalado.
- En el término de 60 días, el servidor público puede ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas de descargo.
- En los cinco días siguientes, la Contraloría dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo.
Cuando los investigados son dignatarios de elección popular, como es el caso de Lasso, el proceso no termina ahí.
Si la Contraloría halla que el Presidente tiene bienes o capitales en paraísos fiscales y determina su destitución, el caso debe pasar a la Corte Constitucional para que se pronuncie “sobre el debido proceso”.
Entonces, y si el dictamen de la Corte es favorable, esta decisión “servirá para que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda conforme la ley”.
Pero aquí hay un vacío legal, pues no establece cómo proceder en la Asamblea. Si se toma como una destitución según la Constitución, habría que llamar a elecciones anticipadas.
Según la web de la Contraloría, hay dos ordenes de trabajo para exámenes especiales al presidente Lasso: una para la revisión de su declaración jurada y otra para paraísos fiscales. La institución no ha confirmado la fecha de inicio de los exámenes.
La Fiscalía también investiga
La Fiscalía confirmó este, 21 de octubre de 2021, que inició una investigación previa por el presunto delito de defraudación tributaria en contra del presidente Guillermo Lasso.
El proceso se da tras una denuncia presentada, el 6 de octubre, por el excandidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, por la vinculación del mandatario con los denominados Pandora Papers.
En su denuncia, el político pidió que el Servicio de Rentas Internas (SRI) investigue los movimientos financieros de Lasso desde 2013, cuando fue candidato a la Presidencia por primera vez y no desde 2017 en que la ley fue reformada mediante referendo.
Ese día, Pérez dijo que la Fiscalía General debe iniciar diligencias previas para obtener todo tipo de documentación que transparente el caso a nivel internacional, y pedir el apoyo de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Asimismo, solicitar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publicó los papeles de Pandora, que entregue los detalles del caso particular de Lasso y de “otros líderes políticos y ejecutivos” ecuatorianos que, “con seguridad, estarán dentro de los paraísos fiscales”.
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