La resolución con la que el Pleno de la Asamblea Nacional inició el proceso de fiscalización menciona el término ‘conmoción social’, que es muy similar a una de las causales constitucionales para la destitución de un presidente.
Dos palabras en la resolución del Pleno de la Asamblea para la investigación de los ‘Pandora Papers’ causan preocupación dentro de la bancada oficialista: “conmoción social”.
Una frase que levanta suspicacias por ser muy similar a una de las causales establecidas en la Constitución para la destitución de un presidente.
Dicha frase fue incluida en la resolución que da inicio a una investigación al Presidente Guillermo Lasso por su supuesta vinculación con empresas en paraísos fiscales, que aparecen en la investigación conocida como ‘Pandora Papers’.
La resolución de la Asamblea es que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por UNES (correísmo) y Pachakutik se encargue del análisis del caso.
Textualmente, la resolución dice que el caso ‘Pandora Papers’ es “un hecho de gran interés ciudadano, que ha generado seria conmoción social“.
El texto de la resolución fue mocionado por Ronny Aleaga (UNES), y aprobado con 105 votos de UNES, Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID) y algunos legisladores independientes.
En el debate no hubo mención al trasfondo que estas dos palabras podrían tener, menos aún a una eventual destitución.
Pero las reacciones ya aparecieron el 11 de octubre, en la primera sesión de Garantías Constitucionales. Virgilio Saquicela, el único representante de la bancada oficialista BAN en esa mesa advirtió que el caso no podría ser calificado como “conmoción social“.
“¿Qué es conmoción social? Es un estado superior de perturbación del orden público, que sobrepasa las capacidades de las fuerzas policiales y que puede poner en riesgo la convivencia. Tal vez eso hubo el 30-S, o en octubre de 2019″, dijo Saquicela, quien es primer vicepresidente de la Asamblea.
Qué dice la Constitución
La Constitución prevé que la Asamblea podrá destituir al Presidente de la República por dos causales:
- Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
El texto no habla de “conmoción social”, como está escrito en la resolución del Pleno, pero sí de “conmoción interna”, una frase muy parecida.
Sin embargo, en la Constitución no hay una descripción de qué es la conmoción interna que menciona este artículo.
El procedimiento establece que, para proceder a la destitución del Presidente, la Asamblea se convocará, por sí o a petición de al menos la tercera parte de sus miembros (46), a una sesión para conocer en un solo debate el tema. El Presidente puede ejercer su derecho a la defensa.
Para proceder a la destitución sería necesario el voto favorable de la mayoría calificada (91 votos) de los integrantes de la Asamblea.
De hecho, el Legislativo también puede enjuiciar políticamente al Presidente, en estos tres casos, que no calzarían con la investigación de los ‘Pandora Papers’:
- Por delitos contra la seguridad del Estado.
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- Delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
De momento, no hay ninguna causa penal contra Lasso, aunque sí una indagación previa por una denuncia del excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez.
¿Qué puede decidir la Comisión de Garantías Constitucionales?
El Pleno encargó la investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales después de diálogos entre UNES y Pachakutik.
Originalmente, la moción de Aleaga planteaba que el caso pasara a la Comisión de Participación Ciudadana, en donde UNES ocupa siete de los nueve asientos.
Por lo tanto, el avance de los acuerdos entre ambas bancadas será clave para la redacción del informe que pasará al Pleno el 6 de noviembre de 2021, según Fernando Cabascango, presidente de la comisión.
Tanto UNES como Pachakutik (o parte de este bloque) se han mostrado como los más visibles opositores de Lasso en la Asamblea.
Y estas coincidencias los han juntado, en este caso, para posicionar la posibilidad de una destitución.
“Si esta investigación devela que efectivamente el Presidente tiene o ha tenido empresas ‘offshore’, cuando la ley lo prohíbe, entonces cabe un juicio político”, aseguró Mario Ruiz (Pachakutik), miembro de Garantías Constitucionales.
El correísmo apunta al mismo objetivo. El excandidato presidencial Andrés Arauz impulsó en días pasados la idea de la destitución de Lasso.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones pueden investigar “la actuación de cualquier funcionario público” y, de ser el caso, recomendar el inicio de un trámite de juicio político.
De no ser el caso, el informe puede recomendar otras acciones, como exhortos o la derivación de las investigaciones a la Contraloría o la Fiscalía.
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