La corrupción no es exclusiva del sector público, por eso es importante implementar la Cultura de la Legalidad. ¡Descubre cómo la educación en valores puede cambiar la sociedad ecuatoriana!
Un Estado de derecho erosionado, donde ha crecido la impunidad y desconfianza ciudadana, es el escenario ideal para que el crimen organizado y el narcotráfico se apoderen e impongan su narco cultura. Una situación que ha llevado a Ecuador a estar en los más altos niveles de corrupción, critica Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrados en Derecho de la Universidad Espíritu Santo, UEES.
En efecto, esta posición demuestra que la corrupción no es exclusiva del sector público, pues se experimenta desde el ambiente privado. Resulta ser un problema cultural que implica formas de vida que no están adecuadas para una convivencia social. La corrupción nace desde las pequeñas acciones cotidianas que trascienden a la esfera pública.
"Es sustancial implantar la cultura de la legalidad para enmendar estos actos desde el ámbito privado, sea desde la familia, cuando la hay, o desde el Estado".
Pablo Alarcón
Precisamente, como parte de la campaña "Educación en Cultura de la Legalidad", la UEES realizó el foro “Construcción de Cultura de la Legalidad en el Ecuador: Una tarea de todos". En el panel de discusión también estuvieron Mónica Palencia, ministra de Gobierno; Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón; y Liz Valarezo, periodista de Teleamazonas.
El foro que se realizó el 8 de marzo pasado, tuvo como objetivo promover ciudadanía. Además, es parte de una serie de acciones orientadas al desarrollo de la cultura de legalidad, basada en valores democráticos y amor por el país.
¿Cómo llegar a una cultura de la legalidad?
Primero es importante entender que la cultura de la legalidad no se limita al área jurídica, sino que se extiende a todas las reglas de juego de las relaciones interpersonales como el respeto, equidad, solidaridad, participación, transparencia y sentido de pertenencia. Es decir, los ciudadanos a más de derechos también tienen obligaciones.
Entonces, la cultura de la legalidad es interiorizar los principios éticos y generar un pacto de cumplimento voluntario de las normas que rigen la convivencia social. Así, se crea un civismo enfocado en buenas prácticas en lo privado y público.
El empoderamiento de valores y el buen gobierno son características que debería tener una autoridad para poder legitimarse en sus funciones. Para exigir obediencia, no basta con la elección popular o designación del cargo.
Quienes se encuentran en el espacio público deberían tener arraigada la cultura ciudadana, como parte de sus trayectorias personal y profesional, sentencia Alarcón.
En definitiva, la cultura de la legalidad compete a todos, por lo que se requiere de un trabajo en conjunto, más allá de ideologías y del vaivén político. Se muestra como la mejor herramienta para combatir la corrupción. Debe convertirse en una política pública que empiece como eje transversal en la educación integral e interdisciplinaria.
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