Viernes, 19 de abril de 2024

Asambleísta de UNES plantea juicio político contra el Contralor subrogante

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

8 Oct 2021 - 10:13

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la solicitud de juicio político será analizada primero en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ronny Aleaga presenta el pedido de juicio político contra el contralor subrogante, Carlos Riofrío, el 7 de octubre de 2021.

Autor: Gabriela Coba

Actualizada:

8 Oct 2021 - 10:13

Ronny Aleaga presenta el pedido de juicio político contra el contralor subrogante, Carlos Riofrío, el 7 de octubre de 2021. - Foto: Asamblea Nacional

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la solicitud de juicio político será analizada primero en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ronny Aleaga, asambleísta por la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), presentó un pedido de juicio político contra el contralor subrogante, Carlos Riofrío. Aleaga acusa a Riofrío de "incumplimiento de funciones previstas en la Constitución y en la Ley".

Aleaga argumentó que "el Contralor subrogante anunció, a través de Twitter, que las contrataciones menores a USD 900.000 no van a necesitar del informe previo que realiza la Contraloría General del Estado. Eso implicaría una reforma a la ley de la institución", según un comunicado remitido por la Asamblea Nacional.

Agregó que el 19 de agosto de 2021 se reformó la Ley de la Contraloría a través de un acuerdo institucional, "sin respetar la jerarquía de la norma", lo que a su criterio representa incumplimiento de funciones, que es la causal del juicio político.

Según Aleaga, el pedido de juicio político tiene respaldo de asambleístas de Pachakutik y del Partido Social Cristiano (PSC).

Carlos Riofrío fue designado como contralor subrogante el 25 de junio de 2021, por disposición de Pablo Celi, quien es investigado por en el caso Las Torres. La decisión se tomó después de la renuncia de Valentina Zárate a ese cargo.

En el caso Las Torres la Fiscalía intenta demostrar que en Petroecuador, la Contraloría y en la Secretaría de la Presidencia funcionó una estructura criminal. Este grupo gestionó y cobró sobornos a cambio de desvanecer glosas y pagar facturas atrasadas.