Amenazas políticas empañan el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea

La mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para avanzar en una agenda legislativa, está rodeada de acciones y discursos políticos que reflejan la relación ambivalente entre ambas funciones del Estado.

El último episodio fue el estrechón de manos entre el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, el 5 de octubre de 2022. Pozo recibió el proyecto de Ley de Inversiones que trabajó la mesa técnica entre ambas entidades.

Después de meses de un tira y afloja entre las funciones, finalmente las partes se sentaron a trabajar en el proyecto legal y alcanzaron un 88% de acuerdos. Con ese precedente, Saquicela llamó al Ejecutivo a seguir el mismo proceso para las reformas de seguridad.

Sin embargo, lo que parecía un avance positivo en la relación, se vio alterado por dos acciones del Legislativo:

• El viaje de un grupo parlamentario a Rusia.
• La resolución plenaria de un supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo por parte del presidente Guillermo Lasso.

Ambas recibieron duras reacciones del Ejecutivo. Pero, el secretario Pozo apeló porque las discrepancias y divergencias "puedan amainar y pasar". Porque a la ciudadanía en general no le interesan ese tipo de conflictos.

Advirtió que no quiere minimizar los desencuentros, pero recordó que "no es la primera vez que se intenta sacar al Presidente del cargo". Reiteró que el Gobierno responderá con una defensa jurídica cada vez que sea necesario.

Nueva mención de la muerte cruzada

El 'fantasma' de la muerte cruzada había desaparecido del escenario político, después de que el presidente Lasso ratificara que no usaría la herramienta legal a su disposición, pese al bloqueo que sufría por parte del Legislativo.

Pero, con una mención indirecta, el Ministerio de Gobierno, recordó a los asambleístas que el artículo 148 de la Constitución establece la obstrucción sistemática al Plan Nacional de Desarrollo como una causal para disolver la Legislatura.

Así mismo, les advierte que "no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión". Ya que aunque el Gobierno tenga "extrema paciencia", la ciudadanía no la tendrá en caso de requerirles que se pronuncien en las urnas.

Esto porque el pleno del Legislativo determinó el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de gobierno presentado por el presidente Lasso.

Según la Comisión de Régimen Económico, luego del análisis del Informe a la Nación, solo el 40% de la información está debidamente respaldada, el 30% contiene imprecisiones en las cifras y el 30% restante no tiene sustentos.

103 asambleístas respaldaron el informe y abrieron así la puerta para un posible juicio político contra el Presidente, por un supuesto incumplimiento de funciones.

El comunicado del Ministerio de Gobierno califica la resolución del pleno como un "absurdo". Ya que, argumenta, es imposible determinar, después del primer año de gestión, un incumplimiento de un plan para cuatro años.

Un viaje polémico

Una fotografía de los legisladores Jorge Abedrabbo, del Partido Social Cristiano (PSC); Johana Ortiz, Marcela Holguín y Pamela Aguirre, de Unión por la Esperanza (UNES); Daniel Noboa (independiente); y Vanesa Freire Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) en Rusia generó polémica en redes sociales.

En medio de la preocupación mundial por la invasión rusa a Ucrania y el incremento de los ataques, los asambleístas viajaron para reunirse con funcionarios del Krémlin.

Su acercamiento contradice la posición de rechazo que Ecuador ha tomado respecto a la invasión y anexión forzosa de territorios en el escenario internacional.

Además, la Cancillería ya ha recomendado a los ecuatorianos reconsiderar viajes no indispensables a Rusia. Además, mantiene contacto y asistencia con los que residen en ese país, en caso de que el conflicto siga escalando.

Por eso, el canciller Juan Carlos Holguín calificó como una irresponsabilidad el desplazamiento de los legisladores y, aunque pidió información sobre el viaje "privado", adelantó que en otros países ese tipo de comportamiento "sería causal de destitución".