Amnistías legislativas: desde tráfico de tierras hasta delincuencia organizada

El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre las amnistías analizó 57 distintos procesos penales e investigaciones previas para llegar a la conclusión de que la mayoría de estas personas merecen ser exculpadas.

Este informe pasará a análisis del Pleno de la Asamblea la próxima semana. Sin embargo, desde ya, se anticipan críticas por su trámite en la Comisión y por los posibles beneficiarios.

Entre las personas para las que la mesa legislativa recomienda la amnistía están Leonidas Iza y Jaime Vargas, presidente y expresidente de la Conaie, y los dirigentes del correísmo Paola Pabón y Virgilio Hernández.

Pero esa no es la única polémica. Los asambleístas del oficialismo ya critican que se haya incluido la posibilidad de perdonar a personas procesadas por delitos como secuestro.

Además, el informe fue aprobado como uno solo; es decir, que los asambleístas no votaron por cada caso, sino por los 269 en conjunto. Esto haría que, en el Pleno de la Asamblea, al menos en un inicio, se tenga que tratar de esa misma forma. Algo que podría complicar su aprobación.

Más investigaciones previas que procesos judiciales

La Constitución otorga a la Asamblea la capacidad de otorgar amnistías “por delitos políticos o conexos con los políticos”. Esta solicitud se puede tramitar en cualquier fase del proceso penal, es decir que no es necesario que haya una sentencia en firme.

Con esa base, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales recomienda la amnistía para más de 260 personas.

La mayoría de ellas está en proceso de investigación previa, y no se encuentran privadas de su libertad, según consta en las fichas técnicas de cada proceso penal.

Sin embargo, para la comisión, el inicio de investigación previa "es un abuso de derecho, es una persecución política para limitar el ejercicio de los derechos colectivos y amedrentar a los dirigentes y líderes indígenas".

De concretarse estas amnistías, sea que estén en investigación previa o ya en un proceso judicial, "no podrán ejercerse acciones penales".

Todo tipo de delitos

La Comisión dividió a los posibles benefactores de las amnistías en cuatro grupos:

• Judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social, en donde agrupa a los procesados por el paro nacional de octubre de 2019.
• Defensores de los territorios comunitarios.
• Administración de justicia indígena.
• Defensores de la naturaleza.

En total, la Comisión propone amnistía para los investigados o procesados en 57 causas diferentes. Los delitos de los que se les acusa van desde la paralización de servicios públicos o el daño a bienes, generalmente relacionados con las protestas, hasta el tráfico de tierras, la minería ilegal, el robo y la delincuencia organizada.

Y muchas veces los nombres se repiten. Por ejemplo, el de Leonidas Iza aparece en seis investigaciones previas por distintos delitos.

Una revisión realizada por PRIMICIAS al informe de la Comisión evidencia que el delito que más se repite entre los posibles beneficiarios es el de usurpación, relacionado justamente al tráfico de tierras. Este delito corresponde a la persona que despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso.

También existen 40 casos de delincuencia organizada, la mayoría relacionados con personas que también son investigadas por tráfico de tierras.

El informe además propone la amnistía para 17 personas señaladas de presunto secuestro. Aquí se incluye, por ejemplo, el proceso contra Vargas e Iza por la retención de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura durante el paro de octubre de 2019.

El proceso en la Asamblea

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, deberá convocar la próxima semana para el análisis de este informe en el Pleno de la Asamblea. Allí, uno de los puntos a decidir será si se votan los más de 260 casos en bloque o por separado.

Aprobar todos los casos en bloque es un escenario complejo. Para que las amnistías pasen se necesita mayoría calificada, es decir 91 votos, un número difícil de alcanzar para las bancadas. Tanto el oficialismo como el PSC han mantenido una posición contraria a los destrozos causados en el paro nacional.

Pachakutik y la bancada correísta UNES suman 72. La Izquierda Democrática no ha adelantado una posición, pero con sus votos llegarían apenas a 87.

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