Pedidos de amnistía, uno de los desacuerdos entre la Conaie y Pachakutik

La tensa relación entre las dos facciones de Pachakutik está atravesada en gran medida por la labor de la Asamblea. La falta de trámite de las más de 200 solicitudes de amnistía a supuestos perseguidos políticos planteada por la Conaie es uno de los puntos que ahondan la ruptura dentro del movimiento indígena.

Por esta razón, las amnistías son uno de los puntos que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y otros 13 asambleístas abordaron en su carta a Leonidas Iza, presidente de la Conaie. En ese documento cuestionaron a Iza y su intención de aplicar la justicia indígena a los legisladores que acusa de ser cercanos al Gobierno.

Pero además aclararon que las amnistías están en trámite en la Comisión de Garantías Constitucionales, dirigida por Fernando Cabascango, uno de los legisladores más cercanos a la Conaie. Cabascango forma parte del "grupo parlamentario" que se declaró en rebeldía ante la dirigencia de Pachakutik.

Esa comisión es además la que se encargó del trámite del informe sobre los "Pandora Papers". La votación de este documento fue justamente uno de los puntos para la división en las dos fracciones de Pachakutik.

El trámite de las amnistías por delitos políticos

La Constitución otorga a la Asamblea la capacidad de otorgar amnistías " por delitos políticos o conexos con los políticos". Esta solicitud se puede tramitar en cualquier fase del proceso penal, es decir que no es necesario que haya una sentencia en firme.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa puntualiza que los delitos políticos serían aquellos "motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social". Mientras que los delitos conexos son aquellos "ligados a fines políticos colectivos".

Es por ello que la mayoría de las peticiones de amnistías presentadas ante la Asamblea están relacionadas a los procesos derivados del paro nacional de octubre de 2019. Entre ellas se encuentran el mismo Iza y el expresidente de la Conaie, Jaime Vargas; el presidente de la Federación de Transporte de Taxis, Jorge Calderón, y los dirigentes del correísmo Paola Pabón, Virgilio Hernández y Yoffre Poma.

Pero también hay otras peticiones no relacionadas con el paro; por ejemplo, las planteadas por la Unión Nacional de Educadores (UNE) o las de la Federación de Comunas de Santa Elena.

Hasta ahora hay 16 solicitudes planteadas para 399 personas. Pero los casos de 33 ciudadanos ya han sido desechados por no cumplir con los requisitos.

La Comisión de Garantías Constitucionales tiene un plazo de 30 días para tramitar los pedidos de amnistía desde que avoca conocimiento de ellos. Sin embargo, los legisladores de esa mesa aún no han iniciado el trámite, pues la prioridad ha estado en los "Pandora Papers" y en el trámite de las reformas a la Ley Humanitaria.

La Comisión espera comenzar con el trámite de las solicitudes después de la vacancia legislativa, en enero de 2022. Si la mesa legislativa aprueba las solicitudes, estas pasarán al Pleno; se necesita mayoría calificada (91 votos) para su aprobación.

Los indultos, por mal camino

La Asamblea también recibió 13 solicitudes de indulto. El trámite en este caso es distinto de las amnistías, pues el indulto solo se puede aplicar para personas que ya tengan una sentencia ejecutoriada, y se otorga por razones humanitarias.

La mayoría de estos pedidos han sido devueltos a sus proponentes justamente por no cumplir estos requisitos. Solo uno de ellos aún requiere trámite en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Los indultos en la Presidencia

La Conaie también presentó peticiones de indulto ante la Presidencia, durante los diálogos mantenidos con Guillermo Lasso en octubre pasado. Este fue uno de los puntos de "coincidencia" según las declaraciones públicas. Aunque poco se ha hablado del avance de su trámite.

Desde entonces, Lasso ha firmado los decretos de indulto para tres personas relacionadas con el movimiento indígena:

• Para el expresidente de la Conaie, Antonio Vargas, en noviembre pasado, sentenciado por el delito de tráfico de tierras, y recibió una pena de tres años y cuatro meses de cárcel.
• Para Carlos Vinicio Chacha Iza y Gonzalo Antonio Villamil Gualinga, acusados del delito de paralización de un servicio público y sentenciados a cuatro años de cárcel.

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