El 'No' se impone en la pregunta sobre arbitraje internacional, según conteo rápido del CNE

Con un 64,8% de votos, el 'No' se impondría en la pregunta que buscaba reconocer al arbitraje internacional como un mecanismo de resolución de controversias en materia de inversiones, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien explicó que el conteo rápido tiene un margen de error del 1%.

En un Exit Poll contratado por el Gobierno y difundido por Teleamazonas, el 'No' también se imponía en esta pregunta con un 53,3% de apoyo de los ecuatorianos. Hay que enfatizar que los resultados del Exit Poll no son resultados oficiales.

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El mismo Gobierno habló de que esperará los resultados oficiales del CNE.

Hasta las 21:30, se habían escrutado 6.463 actas de las 41.313 previstas; es decir, se había contabilizado 15% del total. Esos resultados preliminares confirman hasta ahora el conteo rápido del CNE, pues indican que el 'No' gana con el 62,8%.

 

¿Qué plantea la pregunta?

Desde 2008, el artículo 422 de la Constitución prohibió celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o comerciales, con personas naturales o empresas.

La única excepción es que cuando se establezca sedes en cortes latinoamericanas.

A raíz de ese artículo, dice el anexo de la pregunta, Ecuador ha declarado inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones, lo que ha colocado al país en situación de desventaja frente a otros que sí mantienen este tipo de mecanismos.

De hecho, en­tre 2010 y 2013, la Corte Constitucional señaló que todos los tratados de protección de inversiones que contenían cláusulas arbitrales eran inconstitucionales.

Lo que no se puede hacer es incluir esta cláusula en tratados comerciales, por ejemplo, como lo que ocurrió con el acuerdo comercial con Costa Rica.

Ese tratado comercial contenía al arbitraje internacional en cortes como el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial creada en 1965 para el arbitraje de diferencias relativas a inversiones extranjeras.

Eso fue observado por la Corte Constitucional y obligó a Ecuador a renegociar ese cláusula del acuerdo.

Pero el Estado aún puede pactar una cláusula de arbitraje internacional en contratos de inversión con empresas extranjeras cuando superan los USD 10 millones, tanto el gobierno de Rafael Correa, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, lo han hecho.

De ahí que, tras la enmienda constitucional del 2008, no se hayan frenado demandas de empresas extranjeras.

Para 2024, por ejemplo, el Minsiterio de Finanzas estima que Ecuador podría pagar USD 2.424 millones por arbitrajes internacionales.

Lo anterior porque hay fallos pendientes de resolución que podrían darse en este año en contra del país.

De los USD 2.426 millones, la cuenta más alta podría cobrarla la estadounidense Chevron, luego de que un tribunal de la Corte de La Haya emitiera un laudo a favor de esta petrolera el 20 de agosto de 2018.

Además, no solo una empresa puede acogerse a la cláusula, sino que el Estado también puede utilizarla. De ahí que, por ejemplo, el holding estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) demandó a la empresa china Sinohydro en la Corte en París, por daños en la Central Hidroléctrica Coca Codo Sinclair.

El académico y experto en arbitraje internacional, Álvaro Galindo, cree que la pregunta sobre arbitrajes era una suerte de "relleno" para el Gobierno y por eso gana el 'No', según el conteo rápido del CNE.

"Es el resultado de incluir una pregunta técnica en una consulta popular. El tema del arbitraje se ha ideologizado de manera innecesaria, era una discusión que debe ser tratado de manera técnica y no en una consulta", dijo Galindo.

Y añadió que la gente llegó a las urnas escuchando a ciertos actores que dijeron que esto es un tema que afecta a la soberanía y que si gana Ecuador vamos a tener que pagar miles y millones de dólares y obviamente la gente se asusta y este es el resultado", dice Galindo.

"La fuerza del Gobierno estuvo dirigida a los temas de seguridad. Es claro que esa fue la prioridad y explica el resultado y respuesta de los ecuatorianos a las 11 preguntas de la consulta popular", dice.

Además, Galindo cree que el arbitraje internacional no es un elemento decisivo para que un inversionista decida o no entrar a un país, sino uno de los factores de su análisis.

Los principales factores que analiza un inversionista, y en los que debe trabajar Ecuador, son la seguridad jurídica, que se respeten los contratos y las reglas de juego de un país, y cortes de justicia, probas e independientes, concluye Galindo.