La Asamblea no logra unificar sus oficinas

La política de austeridad que impulsa el Ejecutivo dejará a la Asamblea, por un año más, sin buenas oficinas.

El plan de Complejo Legislativo, que se inició en 2010 durante la administración de Fernando Cordero con la compra del ahora inexistente Palacio de Justicia, tendrá un año más de pausa. Mientras tanto, los asambleístas y sus equipos trabajan en cinco edificios distintos repartidos por Quito.

Para 2020, la asignación presupuestaria al Legislativo será de USD 53 millones, y no incluye ninguna asignación para proyectos de construcción.

César Litardo, presidente de la Asamblea, había anunciado, en septiembre de 2019, que pediría al Ministerio de Finanzas un presupuesto de USD 97 millones para 2020. En ese monto se consideraban USD 39,6 millones, para el "Diseño y construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional".

El monto aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), sin embargo, fue menor. El presupuesto que la Asamblea solicitó estaba alrededor de los USD 67 millones y desistieron de lograr completar el Complejo Legislativo. Con esto, según Litardo, se mantiene la "política de austeridad".

Los asambleístas, regados en cinco edificios

En vista de que no puede completarse la construcción del Complejo Legislativo, Litardo solicitó a Inmobiliar el edificio en el que funcionaba el Ministerio de Finanzas antes de su traslado hasta la Plataforma Financiera.

"La Asamblea alquila dos edificios para dar oficinas al resto de legisladores. Se encuentra en trámite para que la Asamblea tenga la oportunidad de tener oficinas eficientes para sus asambleístas que no están en el edificio legislativo", explicó en septiembre.

El Palacio Legislativo tiene solo 36 oficinas para asambleístas, más la del Presidente. Allí se ubican los presidentes y vicepresidentes de las comisiones, y los vocales del CAL. En ese inmueble también funciona la mayoría de dependencias administrativas.

El resto de asambleístas y sus equipos de trabajo se reparten en cinco edificios. Los más cercanos son el edificio Acuarius, donde trabajan algunos de los legisladores socialcristianos, y la Casa Lasso Conto, ubicada dentro del terreno de la Asamblea, en donde solo tienen oficinas Verónica Arias (Revolución Ciudadana) y Elizabeth Cabezas (Alianza PAIS).

Haga click en los íconos para ver el número de trabajadores que hay en cada edificio.

Nueve años de un proyecto fallido

En 2010, el entonces presidente de la Asamblea y en esa época militante de PAIS, Fernando Cordero, lanzó el concurso para la elaboración del proyecto. En 2011, la Asamblea compró el Palacio de Justicia y un año después comenzó su desalojo.

El proyecto tenía previsto unir, a través de un corredor peatonal, el parque El Ejido con La Alameda. Incluía también la construcción de dos bloques de parqueaderos, dos plazas y un edificio de oficinas para que los legisladores no estuvieran dispersos.

Según la planificación anunciada por Cordero, el proyecto estaría listo en 2013. Pero no se concretó, y en 2015, durante la administración de Gabriela Rivadeneira (también de Alianza PAIS), se firmaron contratos complementarios y se fijó un nuevo plazo para terminar la obra: diciembre de 2016.

Finalmente, la obra quedó paralizada por falta de recursos y ese plazo tampoco se cumplió.

En 2017, en la presidencia de José Serrano (Alianza PAIS), decidió no terminar de derrocar el antiguo Palacio de Justicia y contrató a una firma para reparar los salones que pertenecían a este inmueble. La idea era tener un nuevo espacio para eventos.

El pasado 6 de diciembre, Litardo inauguró el paso peatonal que atraviesa el terreno del Complejo Legislativo, que permaneció cerrado desde los inicios del proyecto.

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