Ningún asambleísta ha asistido a todas las votaciones del pleno

No hay un solo legislador que no tenga faltas. Hasta los más disciplinados registran ausencias a las sesiones del pleno de la Asamblea. Los datos del 2019 muestran que para los asambleístas no es un problema faltar.

La actual Asamblea, que se instaló el 14 de mayo de 2017, ha tenido 691 sesiones. Asistir a estas reuniones, en las que se debaten los proyectos de ley que el Legislativo tramita, es la principal tarea de los asambleístas.

Sin embargo, ninguno de los 137 la cumple a cabalidad.

El informe anual del Observatorio Legislativo revela que la mayoría de asambleístad no cumplen esta función: el 44% tiene inasistencia a más de 100 sesiones.

Los que más asisten a las votaciones del pleno son Carlos Cambala (Alianza PAIS) y Mae Montaño (independiente, antes Creo). Ellos tienen un récord de 95% de asistencias.

Mientras que los que más se ausentan de las votaciones del pleno son, por porcentaje, el socialcristiano Vicente Almeyda (alterno que fue principalizado) y la correísta Wendy Vera. Ellos faltaron a más de la tercera parte de las sesiones en las que debieron participar.

También hay legisladores que no asisten pero delegan a sus suplentes para las sesiones en las que no hay votaciones. En este caso, Johanna Cedeño (AP) y Vicente Taiano son los que más registros tienen en esta categoría.

Las faltas injustificadas de los asambleístas se sancionan de acuerdo al Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos. En el caso de que un legislador no presente justificación para su ausencia a una sesión del pleno o de una comisión, la Asamblea impone una multa correspondiente a un día de trabajo, aproximadamente USD 237.

Las reformas que planteaban multas fueron vetadas

En 2017, la Asamblea aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que proponía mayores multas para los legisladores que no asisten a las sesiones. La propuesta era que los legisladores que acumulen el 40% de faltas durante un mes reciban una multa de hasta el 60% del salario.

La iniciativa fue planteada por Gabriela Rivadeneira (Revolución Ciudadana) y proponía que la reincidencia en un período de seis meses signifique la suspensión sin sueldo por 30 días.

La reforma, sin embargo, fue vetada totalmente por el presidente Lenín Moreno.

Esta fue la segunda iniciativa de reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no tuvo éxito. En 2012, el entonces presidente Rafael Correa vetó totalmente las reformas tramitadas en el tiempo de Fernando Cordero. Estas impulsaban la creación de un código de ética para el Legislativo.

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